Hoy, 12 de marzo, los antiguos Astilleros de Murueta sacarán al agua el barco Arteaga. En julio de 2023, en el convenio firmado entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ministerio para la Transición Ecológica de España (MITECO), se nos quiso demostrar que este astillero era cosa del pasado; y, sin embargo, ahí está el resultado final de su actividad. Para los de Busturialdea, esta noticia no es nueva, ya que día a día hemos visto los trabajos que se han llevado a cabo en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, su zona más vulnerable.
Evidentemente, aquí sigue el astillero que en las últimas semanas representantes del PNV han descrito como “chatarra” e “insulto ecológico”, aunque la concesión otorgada por el gobierno de Franco en 1943 caducó en 2018. En aquella ocasión accedió a una concesión de 75 años, el máximo alcanzable, con una condición clara: sólo podía realizar actividades propias de un astillero. Superado el plazo que legalmente le correspondía, el astillero ha seguido trabajando, y no sólo eso, sino que, sin ningún permiso, ha ocupado un espacio más amplio e incluso ha realizado labores de dragado. Sin embargo, los responsables de la aplicación de la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera 5/1989 han permanecido sordos, ciegos y mudos durante todos estos años, y ahora, de un día para otro, todos se han convertido en expertos ambientales que, sin un diagnóstico previo, quieren imponernos acciones para salvar la Reserva de la Biosfera.
La marisma tiene heridas, se encuentra en mal estado. Y dicen que este proyecto -y ningún otro- va a permitir regenerar varias hectáreas de este entorno. Pero, en esa frase, ¿qué es lo más importante para las autoridades; la restauración o el proyecto? El 27 de febrero la Unión Europea estableció el Reglamento para la Restauración de la Naturaleza, pero la representante del PNV, Izaskun Bilbao, votó en contra, por lo que está claro: el proyecto es lo más importante. Y, de hecho, ese es el principal objetivo que han tenido en mente desde el primer momento. En cambio, la restauración de la Reserva de la Biosfera no es más que un trámite para poder llevar a cabo el proyecto, un paso necesario para satisfacer la voluntad o necesidad de un museo privado.
El objetivo de esta normativa es recuperar el 20% de los ecosistemas terrestre y marino afectados para 2030 y el 90% para 2050, ya que ya es hora de devolver lo que se le debe a la naturaleza. Sí, decimos a la naturaleza, porque esa zona es dominio público marítimo terrestre. Siendo esto así, ¿cómo se puede entender que la Diputación manifieste públicamente su empeño en adquirir el astillero? ¿Qué es lo que quieren comprar? Estas tierras pertenecen al Estado español, por lo que su valor catastral es de cero euros. En esta zona, sólo dos cosas pertenecen al astillero: los edificios y, por supuesto, la contaminación causada durante todos estos años. Pero nunca se ha responsabilizado de ese daño y, por otra parte, tampoco las administraciones públicas le han exigido nada.
El convenio entre BFA y MITECO establece que el dinero público se destinará tanto al derribo del astillero como a la limpieza de la contaminación producida por el mismo. No siendo aún suficiente esta barbaridad, ahora han ascendido un peldaño: comprar terrenos que son públicos e introducir la contaminación privada en el precio de venta. Ante todo esto, a nosotras nos ha surgido la duda de si es legal estar negociando sobre un trabajo definido como segunda acción en un convenio y, por tanto, subvencionado. ¿Cómo afectaría esto al convenio?
La Diputada General Elixabete Etxanobe nos dijo que el astillero debía abandonar voluntariamente las instalaciones de Murueta y trasladarse a Erandio; de lo contrario, el proyecto Guggenheim Urdaibai quedaría bloqueado, por lo que no se realizarían labores de restauración; una vez más, sometió la restauración de la Reserva de la Biosfera al proyecto.
Entendemos que estas palabras tienen un objetivo concreto: justificar por qué se va a gastar tanto dinero público en la compra del astillero. Más pronto que tarde nos informarán a través de los medios de comunicación de que han conseguido sacar la chatarra de Urdaibai y que ellos son los únicos que se preocupan de la Reserva de la Biosfera, pero que, por supuesto, han tenido que pagar un precio por hacerlo. ¡Atención a lo dicho! De hecho, no es la primera vez que esto ocurre. Ahí tenemos el caso de la central nuclear de Lemoiz. Madrid donó los terrenos de Armintza al Gobierno Vasco en noviembre de 2019 y las autoridades nos vendieron aquella cesión como un gran logro de la administración vasca, proclamando a los cuatro vientos su intención de restaurar los terrenos y construir una preciosa piscifactoría. Lo cierto es que el uso del dinero público fue más que inadecuado, ya que se perdonó a Iberdrola la responsabilidad de derribar las instalaciones y limpiar la zona.
Tengámoslo claro: si siguen estando ahí los Astilleros Murueta es porque le han dejado estar ahí, porque las autoridades no han mostrado voluntad de hacer cumplir la ley y defender los derechos de la ciudadanía. Ante ello, la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop ha tramitado ante las administraciones competentes la solicitud de caducidad de la concesión del astillero. A partir de ahí, el tiempo nos mostrará qué paso dan los gobernantes, cuál es su verdadera voluntad.
Dinero público para limpiar la contaminación privada en Urdaibai
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12.03.2024
Hoy, 12 de marzo, los antiguos Astilleros de Murueta sacarán al agua el barco Arteaga. En julio de 2023, en el convenio firmado entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ministerio para la Transición Ecológica de España (MITECO), se nos quiso demostrar que este astillero era cosa del pasado; y, sin embargo, ahí está el resultado final de su actividad. Para los de Busturialdea, esta noticia no es nueva, ya que día a día hemos visto los trabajos que se han llevado a cabo en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, su zona más vulnerable.
Evidentemente, aquí sigue el astillero que en las últimas semanas representantes del PNV han descrito como “chatarra” e “insulto ecológico”, aunque la concesión otorgada por el gobierno de Franco en 1943 caducó en 2018. En aquella ocasión accedió a una concesión de 75 años, el máximo alcanzable, con una condición clara: sólo podía realizar actividades propias de un astillero. Superado el plazo que legalmente le correspondía, el astillero ha seguido trabajando, y no sólo eso, sino que, sin ningún permiso, ha ocupado un espacio más amplio e incluso ha realizado labores de dragado. Sin embargo, los responsables de la aplicación de la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera 5/1989 han permanecido sordos, ciegos y mudos durante todos estos años, y ahora,........
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