Durante el proceso de paz de La Habana, el entonces presidente Santos se vio obligado a dirigirse al país en busca de apoyo de la sociedad para alcanzar un acuerdo con las Farc. El problema latente era que existía la sensación que el Gobierno estaba haciendo demasiadas concesiones con tal de que les firmaran el acuerdo.
(También le puede interesar: ‘Oil story’)
Para muchos colombianos había noticias de posibles concesiones que eran inaceptables dado el daño causado por las Farc a sus innumerables víctimas. Moralmente era inaceptable que quienes secuestraron, extorsionaron, masacraron, reclutaron menores y otra larga lista de delitos de lesa humanidad no fueran a pagar ni un día de prisión y que, además, fueran premiados con curules en el Congreso sin necesidad de ganárselas en elecciones libres.
El presidente salió al paso en los medios. En el debate presidencial de 2014 desmintió a Zuluaga: “Cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel porque así lo dicen la Constitución Nacional y la legislación internacional”. Y ante la pregunta de Noticias RCN de si las Farc tendrían curules gratis en el Congreso respondió: “Existe esa desinformación, que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las Farc, eso no es cierto” (25 de julio/2015).
La propuesta del senador Iván Cepeda de que quienes “a través de mentiras intentan frustrar los procesos de paz tengan que afrontar su responsabilidad penal” atenta contra la libertad de expresión.
Santos mintió. Las Farc tienen curules y sus máximos comandantes, a pesar de la decisión de la JEP de acusarlos de delitos de lesa humanidad, no han pagado un día de cárcel. Los periodistas, analistas y demás críticos del proceso que afirmaban que el presidente mentía tenían toda la razón en sus manifestaciones públicas.
Más aún, en su desespero por comprometer a la sociedad con el proceso, Santos alcanzó a mencionar que si la paz fallaba, la próxima fase de la guerra involucraba el uso del terrorismo en las ciudades. Fueron las propias Farc las que salieron a desmentirlo y a pedirle respeto como organización revolucionaria.
A pesar de las mentiras del presidente, hago parte de quienes creen que el proceso de La Habana fue un gran logro para el país. Supuso una transformación positiva en las condiciones de seguridad y protección a los derechos humanos. Otros colombianos no piensan igual. Incluso lo dejaron de manifiesto con el triunfo del ‘no’ en el plebiscito.
El punto no es definir quién tiene razón en esta apreciación, sino señalar la legitimidad y la conveniencia de que existieran voces críticas que pusieran en duda los compromisos públicos que adquiría Santos para firmar la paz, incluso que lo tildaran de mentiroso. Esas voces cumplieron un papel político importante: dieron a entender cuáles eran aquellos temas sensibles que la sociedad no estaba dispuesta a ceder en la mesa de negociación. Estaban en todo su derecho de expresar los términos inadmisibles de un acuerdo, como debe serlo en cualquier sociedad que se precie de democrática y pluralista, así incluso en sus opiniones hubieran incurrido en mentiras y en exageraciones, igual que lo hizo el presidente Santos.
De allí que la propuesta de ley del senador Iván Cepeda de que quienes “a través de mentiras intentan frustrar los procesos de paz tengan que afrontar su responsabilidad penal” es una iniciativa que atenta de frente contra la libertad de expresión. Con eso no se juega, es un principio básico de la democracia. Si se impone la lógica de que hay metas con tanto valor para la sociedad que impiden que sus miembros puedan pronunciarse libremente sobre ellas porque podían ponerlas en riesgo de alcanzarlas, se impondría un gobierno con absoluta falta de control por la sociedad civil para manejar los asuntos públicos. Esa es una situación en esencia autoritaria.
En vez de callar las críticas a la ‘paz total’ por ley, el Gobierno y sus aliados deberían vender la paz como se hace en democracia: logrando el consenso de la sociedad.
(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)
Con eso no se juega
4
0
22.11.2023
Durante el proceso de paz de La Habana, el entonces presidente Santos se vio obligado a dirigirse al país en busca de apoyo de la sociedad para alcanzar un acuerdo con las Farc. El problema latente era que existía la sensación que el Gobierno estaba haciendo demasiadas concesiones con tal de que les firmaran el acuerdo.
(También le puede interesar: ‘Oil story’)
Para muchos colombianos había noticias de posibles concesiones que eran inaceptables dado el daño causado por las Farc a sus innumerables víctimas. Moralmente era inaceptable que quienes secuestraron, extorsionaron, masacraron, reclutaron menores y otra larga lista de delitos de lesa humanidad no fueran a pagar ni un día de prisión y que, además, fueran premiados con curules en el Congreso sin necesidad de ganárselas en elecciones libres.
El presidente salió al paso en los medios. En el debate presidencial de 2014 desmintió a Zuluaga: “Cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel porque así lo dicen la........
© El Tiempo
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
