El episodio de la semana pasada, en que un grupo de manifestantes rodeó las instalaciones de la Corte Suprema para presionar la elección del fiscal, comprueba que Petro ha optado definitivamente por la confrontación como el contenido principal de su gobierno. Las reformas sociales, la gestión pública y la solución de los problemas cotidianos de la gente pasan a un segundo lugar. Lo importante va a ser la gran discusión sobre el modelo político y económico del país. Esta discusión no va a ocurrir en un espacio sosegado, separado de las funciones de gobierno, donde los distintos sectores de poder llegan a un acuerdo sobre un nuevo proyecto de país.
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La discusión se va a dar en la gestión cotidiana de gobierno. En cada espacio donde en teoría se debería hablar de los problemas concretos de la gente, como podría ser un acueducto en Quibdó o la atención a la infancia en La Guajira, el Presidente va a plantear la necesidad de transformaciones radicales en la estructura del poder. La razón es que los problemas existentes tienen su origen en causas más profundas que las fallas en la gestión pública. Es la forma misma como se organiza la producción de riqueza en la sociedad y como se distribuye la riqueza lo que explica que existan los problemas cotidianos de gobierno.
No es ni siquiera el viejo problema de lucha de clases del siglo pasado. El problema de la producción y la distribución de la riqueza pasa ahora por temas ambientales, de géneros sexuales y de identidades. Es más complejo que el acceso de la clase trabajadora a mayores excedentes de la producción económica. Quizá tan complejo que ni el propio Petro tiene muy claro de qué se trata el nuevo modelo que propone.
En consecuencia, si a Petro no le permiten cambiar las estructuras de producción y distribución de la riqueza, no va a haber solución posible a los problemas de gobierno. De allí arrancan los choques institucionales. Los cambios estructurales que propone Petro solo se pueden realizar si se logra el consenso con otras instancias institucionales. Las más obvias son el Congreso y las cortes. Sin su aprobación, la única alternativa para realizar los cambios estructurales es la autocracia.
En los tiempos actuales la autocracia no proviene de la fuerza, o, para ser más preciso, de las agencias armadas del Estado. Proviene del llamado al respaldo popular para pasar por encima de las instituciones. En una primera instancia responde a la elección a la jefatura del Estado. En una segunda instancia, a la movilización popular para deslegitimar a las instituciones que le hacen contrapeso al jefe del Estado.
En los tiempos actuales la autocracia no proviene de la fuerza, o, para ser más preciso, de las agencias armadas del Estado. Proviene del llamado al respaldo popular.
Por eso, la manifestación contra la Corte guarda motivos políticos más profundos que la elección de la nueva fiscal. No está en juego solamente que el exfiscal Barbosa y su sucesora en interinidad, Martha Mancera, continúen haciendo oposición a Petro, lo que obviamente no está en las funciones de su cargo. Está en juego que el Presidente pueda llamar a las calles para cuestionar decisiones de las otras ramas del poder que no se ajusten a su proyecto de cambio político. Son los pulsos de fuerza normales cuando la política en una sociedad democrática es de permanente confrontación acerca de la legitimidad de las reglas de juego.
En la práctica, el riesgo de una autocracia en manos de Petro es muy bajo. El respaldo popular para cuestionar los límites institucionales es escaso. Acaso ¿va a haber grandes movilizaciones si el Congreso no aprueba la reforma de la salud? ¿No es más probable que el deterioro de los servicios de salud, por la mala gestión del Gobierno, incremente el descontento con Petro?
Así las cosas, se asoman en el horizonte dos años y medio de política confrontacional por un gobierno que adolece de capacidad de gestión y de respaldo popular.
GUSTAVO DUNCAN
(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)
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