El desafío planteado por el crimen organizado en Ecuador rememora, en menor escala, lo ocurrido con Pablo Escobar. El malestar de jóvenes de comunidades excluidas devino en la conformación de pandillas y bandas con cierto grado de control territorial. En principio, el problema de seguridad que planteaban estas organizaciones estaba limitado por su propia pobreza. Dependían de las rentas que pudieran extraer de las economías de barriadas pobres, mediante microtráfico y extorsión, o de lo que pudieran robar. Por su tamaño reducido con relación al resto de la economía, su capacidad de alterar la seguridad se limitaba a espacios y transacciones marginales. No es que no fueran un problema serio, es que tenían un techo dado por los recursos en juego.
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La articulación con el tráfico internacional de drogas hizo estallar ese techo. Escobar no se inventó las bandas y pandillas de las comunas de Medellín. Ya estaban cuando se convirtió en un capo inmensamente rico. Su movimiento decisivo fue comprometer a las bandas en la guerra contra el Estado. Igual pasó en Ecuador, las pandillas existían desde los tiempos de Correa. Pero fue con la llegada de los recursos del tráfico internacional de drogas en cantidades sustanciales como las pandillas contaron con los medios para desafiar al Estado más allá del control del microtráfico y la extorsión. Asesinaron a un candidato presidencial, a un alcalde y crearon una situación de caos en prisiones, canales de televisión, universidades y centros comerciales.
Podría reducirse el análisis a un asunto económico: la exclusión social, que se traduce en la conformación de bandas y pandillas, y los ingresos del tráfico internacional de drogas, que genera los ingresos para construir grandes estructuras mafiosas. Sin embargo, reducir la motivación a lo económico no deja ver la dimensión política del fenómeno. El poder de Escobar reposaba en la organización de la violencia para reclamar el control de territorios y la imposición de decisiones políticas. A través de la fuerza obligó a la prohibición de la extradición en la Constitución de 1991, lo que en la práctica equivalía a la concesión por el Estado de unas condiciones favorables para mantener su dominio sobre el narcotráfico y las bandas que ejercían la autoridad en Medellín.
Las pandillas aspiran a mantener su poder territorial y su poder de extracción de rentas del tráfico internacional de drogas.
En Ecuador, la respuesta violenta de las pandillas tuvo como propósito una retaliación al Gobierno por el cambio en las condiciones de reclusión y por la implementación de políticas más represivas contra el crimen organizado. Las pandillas aspiran a mantener su poder territorial y su poder de extracción de rentas del tráfico internacional de drogas.
En ambos casos es notorio que el poder no lo tienen narcos puros sino narcos que organizan estructuras violentas para controlar territorios y tramitar sus intereses desde el poder que les confiere este control, bien sea mediante la negociación encubierta con las autoridades y la clase política, o bien sea a través de la confrontación armada. Es el uso de medios políticos para el logro de fines políticos. Es más, así como subyace una exclusión económica tras este fenómeno, también subyace una exclusión política. Es la alternativa que encuentran muchos jóvenes excluidos de alcanzar posiciones de poder en la sociedad. Sin el ejercicio violento de la autoridad sobre la población, nunca accederían al poder.
De eso se trata la nueva ola de insurgencia que atraviesa Latinoamérica. De organizaciones delincuenciales que reclaman el derecho de ejercer autoridad sobre una parte de la población para acceder a rentas ilegales. Llama la atención que la concepción de la paz total se enfoque más en ofrecer salidas a las demandas políticas de insurgencias obsoletas del siglo pasado que en la posinsurgencia que se está difuminando por todo el país.
GUSTAVO DUNCAN
(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)
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