El proceso de paz no debe ser concebido solo como un acuerdo con organizaciones armadas sino también como un esfuerzo de reinserción de una juventud que ha encontrado en la violencia una oportunidad de politización. Es más, debe ser concebido como la necesidad del Estado y de la sociedad de evitar que nuevas generaciones de jóvenes excluidos encuentren en el crimen organizado un medio de acceso al poder político de sus comunidades.
Cuando se habla de politización se tiende a pensar en la acción más sofisticada de representar una idea de sociedad o los intereses de un sector, obviando los intereses personales de los propios políticos. En el caso de los jóvenes en armas, me refiero a la idea de la politización en su esencia básica: el acceso al poder en una comunidad y en la capacidad de influir en las decisiones importantes de la comunidad. Esa es precisamente la oportunidad que se les ofrece a los jóvenes ahora que los grupos armados han entrado en una fase de desposesión de las narrativas revolucionarias y contrarrevolucionarias del conflicto.
Se puede hacer un paralelo con el papel que jugaron la apertura política de finales de los 80 y la Constitución de 1991. Muchas personas provenientes de sectores excluidos tuvieron la oportunidad de acceder al poder. Contribuyeron a representar sectores más amplios, pero sobre todo permitieron que quienes antes no tenían acceso a posiciones de poder y a influir en las decisiones de la sociedad lo hicieran. Se hizo con mucha corrupción, es cierto, pero es innegable que el objetivo de ampliación de las oportunidades de representación en la democracia se logró. El poder se repartió, así fuera que los políticos emergentes, indistintamente de sus inclinaciones ideológicas, lo utilizaran para replicar las prácticas más perversas de la política tradicional.
Este proceso de repartición del poder, de todas formas, estuvo concentrado en sectores de clase media o populares que pese a su precaria situación tenían un mínimo de niveles educativos, habilidades para comunicarse y conocimiento de la mecánica operativa del Estado. La oportunidad estaba muy restringida para quienes venían desde lo más abajo. El poder se redistribuyó hasta cierto punto de pobreza y miseria, de allí para abajo estaba restringido a unos pocos que actuaran como operadores políticos de la comunidad.
La organización de la violencia, un proceso que lleva décadas, en forma de insurgencias, paramilitares, crimen organizado, combos, etc., era en cambio menos excluyente a la hora de ofrecer oportunidades a los del fondo del barril. En particular a jóvenes marginados en campos, pueblos y ciudades. Se convirtieron en el aparato de violencia de ejércitos que reclamaban el ejercicio de la autoridad en un territorio.
A medida que las organizaciones armadas han ido reduciendo sus aspiraciones políticas, de una revolución y una contrainsurgencia nacional a confederaciones de ejércitos con vocación de poder regional, los jóvenes en armas han encontrado su oportunidad de acceder al poder. No necesitan desarrollar discursos muy sofisticados para cobrar extorsiones, imponer algo de orden en la comunidad –muchas veces un orden muy arbitrario–, monopolizar la venta local de drogas y explotar otras actividades que, aunque no sean tan rentables como el tráfico internacional, les permiten mantener la autoridad sobre la gente que vive en determinadas áreas.
Así la ‘paz total’ logre desmovilizar al Eln, las disidencias, los Agc y demás ejércitos, la explosión de bandas de crimen organizado de este tipo es una bomba de relojería que ya detonó. Su desactivación pasa por algún tipo de oferta redistributiva a los jóvenes más marginados. Una oferta que no solo tiene que ser económica sino política, en el sentido de posibilidades de acceso al poder.
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