La reforma pensional presentada por el Gobierno Nacional, y ya aprobada en primer debate, debe ser objeto de atención preferencial por parte del Congreso de la República. De los tres proyectos sociales iniciales del Gobierno, esta es la reforma que genera menos controversia y debe ser aprobada. Las reformas de la salud y la laboral tienen, por el contrario, muchos problemas y requieren revisiones sustanciales.

En contra de la propuesta inicial de reforma presentada por la administración Gaviria, que en esencia quería establecer el régimen pensional chileno, hoy objeto de mucho debate, la Ley 100 de 1993 mantuvo un fondo público. El problema principal fue que se estableció un sistema en el cual Colpensiones y los fondos privados compiten entre sí, pero con regímenes diferentes: de reparto y capitalización individual, respectivamente.

Este sistema no ha funcionado bien, entre otras porque el de reparto otorga subsidios sustanciales a los pensionados de altos ingresos y por este motivo muchos cotizantes del régimen de capitalización solicitan su traslado al de reparto para recibir una pensión más alta. De esta manera, el sistema público no recibe las cotizaciones a lo largo de la vida laboral del trabajador, pero al final paga la pensión.

Este problema se corrige a fondo en el proyecto actual, haciendo que los dos sistemas se complementen y no compitan entre sí. Se adopta así un sistema por el cual hay una pensión básica a cargo de Colpensiones y una complementaria con fondos privados. Ese es el sistema que utilizan otros países.

Por otra parte, debido a la alta informalidad laboral, cerca de tres cuartas partes de las personas mayores no reciben pensión. Este sistema se ha tratado de resolver parcialmente con Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos. El proyecto propone un régimen solidario que garantiza que toda persona mayor reciba un ingreso por lo menos equivalente a la línea de pobreza extrema, con lo cual elimina este problema para los mayores.

El proyecto debe ser, sin embargo, objeto de algunas revisiones. La más importante es la garantía de buen manejo del Fondo de Ahorro público que se crea por las mayores cotizaciones que recibirá Colpensiones. Esto es fundamental porque los fondos privados de pensiones han jugado un papel en la ampliación del mercado de capitales del país. Ahora este fondo público tendrá que jugar también ese papel. Deberá ser manejado por el Ministerio de Hacienda y tener la posibilidad de invertir sus recursos a través de fondos financieros privados.

El otro ajuste es el umbral de las cotizaciones que se deben hacer a Colpensiones, que debe reducirse de tres salarios mínimos a uno y medio o máximo dos. Por otra parte, el régimen de transición para quienes estarán sujetos al nuevo régimen debe mantenerse en 1.000 semanas, como propuso el Gobierno, y no reducirlo a 750 semanas. Ambos cambios son fundamentales para la sostenibilidad fiscal del régimen pensional a largo plazo.

Debo decir que por este último motivo deben adoptarse dos decisiones adicionales. La primera es no reducir las semanas cotizadas por las mujeres a 1.000. La razón básica es que las mujeres ya tienen los beneficios de jubilarse a menor edad y tienen mayor expectativa de vida. Con el sistema propuesto las mujeres cotizarían 19 años, pero recibirían en promedio pensión por 27. El beneficio adicional que sí se debe incluir es el que propuso el Gobierno: 50 semanas por cada hijo, hasta por tres.

Por lo demás, más temprano que tarde será esencial aumentar las edades de jubilación, ya que Colombia tiene las más bajas del mundo, lo cual genera un problema serio de sostenibilidad fiscal, dado el envejecimiento de la población. Ojalá se hiciera en la reforma actual. Así mismo, en el largo plazo las pensiones deben ser un ingreso regular del impuesto de renta, para compensar parcialmente el costo fiscal de los altos subsidios que reciben los pensionados de altos ingresos.

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

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La reforma pensional

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11.02.2024

La reforma pensional presentada por el Gobierno Nacional, y ya aprobada en primer debate, debe ser objeto de atención preferencial por parte del Congreso de la República. De los tres proyectos sociales iniciales del Gobierno, esta es la reforma que genera menos controversia y debe ser aprobada. Las reformas de la salud y la laboral tienen, por el contrario, muchos problemas y requieren revisiones sustanciales.

En contra de la propuesta inicial de reforma presentada por la administración Gaviria, que en esencia quería establecer el régimen pensional chileno, hoy objeto de mucho debate, la Ley 100 de 1993 mantuvo un fondo público. El problema principal fue que se estableció un sistema en el cual Colpensiones y los fondos privados compiten entre sí, pero con regímenes diferentes: de reparto y capitalización individual, respectivamente.

Este sistema no ha funcionado bien, entre otras porque el de reparto otorga subsidios sustanciales a los pensionados de altos ingresos y por este motivo muchos cotizantes........

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