La solidez institucional en Colombia está pasando una vez más por una prueba ácida. Ha resistido los embates de violentos como Pablo Escobar que hace ya más de 30 años quiso ponerla en jaque o, más tarde, con el proceso 8.000, sin que el poder judicial se doblegara un ápice y llegara hasta donde le fue constitucionalmente permitido. El intento de una segunda reelección presidencial encontró en las instituciones jurídicas la forma de producir muros de contención que impidieran “el todo vale” en un momento en el que se trataba de que la Constitución estuviera por encima de las personas, permitiendo salidas que fueron respetadas y acatadas íntegramente por los actores políticos del momento.
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Más aún, con el proceso de paz con las Farc también hubo talanqueras formuladas, por ejemplo, por la Corte Constitucional que decidió que los expresidentes y los terceros civiles no podían ser obligados a comparecer ante la jurisdicción especial para la paz y, aunque ahora algunos quieran reversar esa decisión por exóticas vías de hecho, hay normas claras e instituciones procesales que lo prohíben y bueno es recordarlo justo en esta coyuntura.
Este Estado Social de Derecho que tenemos en Colombia, imperfecto como todos, constituye, sin embargo, una conquista poderosísima, tantas veces subvalorada por los colombianos y, otras más, olvidada por quienes desde el poder ejecutivo o legislativo se creen todopoderosos. Es precisamente esta época de incertidumbres y temores la que debería servirnos para reivindicar la fortaleza institucional en nuestro país; para salir a defender que existe Estado y que se manifiesta todos los días con determinaciones que no podemos dar por sentadas y que tenemos que aplaudir y valorizar. El cambio a la fuerza, por la derecha o por la izquierda, nunca será legítimo si, como consecuencia, se lleva por delante las reglas de juego que nos han definido como nación.
Es precisamente esta época de incertidumbres y temores la que debería servirnos para reivindicar la fortaleza institucional en nuestro país.
Las Cortes se respetan y así como en su momento autónomamente decidieron tomarse el tiempo para evaluar los nombres que integraban una terna para fiscal, ahora tienen todo el derecho de esperar a estar completos en su composición para deliberar y analizar con cuidado las hojas de vida que tienen en sus despachos.
En el caso del máximo tribunal constitucional, sus posiciones en temas tan sensibles como la emergencia económica o la reforma tributaria han servido de escudo protector de la estabilidad jurídica del país y le han dado sindéresis al funcionamiento del Estado. No demoran en salir las bodegas a decir que “9 magistrados no pueden ir en contravía de 11 millones de colombianos”, con el argumento facilista de que el pueblo movilizado en las calles, manda. Si lo que quieren es que el constituyente primario se pronuncie, sometan las reformas a un referendo o a una consulta popular pero evidentemente no lo harán porque el pueblo es el que ellos deciden que sea, no el que puede transformar su realidad con el voto en democracia directa.
En ese sentido me pregunto: ¿por qué es menos “pueblo” el que salió a votar en las elecciones regionales que el que lo hizo en las presidenciales? La institución del voto y la organización electoral también hay que respetarlas y protegerlas.
Profetas del desastre y agoreros de ocasión: en vez de estar mandando el mensaje de que todo está perdido y que más vale salir corriendo porque el país se salió de control, aprecien y preserven la solidez institucional que nos diferencia de Venezuela y participen propositivamente en la construcción de salidas en vez de promover tanto fatalismo. Aquí, sin embargo, ¡hay Estado! y nos toca a los que queremos de verdad a este país, defender a nuestras instituciones.
JOSÉ MANUEL ACEVEDO
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Y, sin embargo, ¡hay Estado!
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12.12.2023
La solidez institucional en Colombia está pasando una vez más por una prueba ácida. Ha resistido los embates de violentos como Pablo Escobar que hace ya más de 30 años quiso ponerla en jaque o, más tarde, con el proceso 8.000, sin que el poder judicial se doblegara un ápice y llegara hasta donde le fue constitucionalmente permitido. El intento de una segunda reelección presidencial encontró en las instituciones jurídicas la forma de producir muros de contención que impidieran “el todo vale” en un momento en el que se trataba de que la Constitución estuviera por encima de las personas, permitiendo salidas que fueron respetadas y acatadas íntegramente por los actores políticos del momento.
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Más aún, con el proceso de paz con las Farc también hubo talanqueras formuladas, por ejemplo, por la Corte Constitucional que decidió que los expresidentes y los terceros civiles no podían ser obligados a comparecer ante la........
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