La Corte Suprema de Justicia sufre en este momento la amenaza más grande desde la toma del Palacio de Justicia de 1985. La agresión del 8 de febrero para presionar la elección de Fiscal, que incluyó el confinamiento de los magistrados por más de cuatro horas, es una afrenta directa contra la autonomía de la Rama Judicial. Como lo señaló sin eufemismos el magistrado Gerson Chaverra, fueron víctimas de “asedio” y “bloqueo violento e ilegal”.
Y así se quieran lavar las manos como con los Juegos Panamericanos, acá solo existe un responsable y es el Gobierno. Las pruebas son claras y concluyentes; instigaron a través de mensajes delictivos desde las cuentas sociales petristas, por ejemplo, Activistas del Cambio, que señalaron: “A esta hora seguimos en el Palacio de Justicia. La consigna es simple: no salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva Fiscal. ¡Nadie sale!”. La intervención de ministros, superintendentes y funcionarios públicos en la marcha y el apoyo directo a los manifestantes por el presidente Petro demuestran que los disturbios fueron planeados para presionar la elección inmediata de una fiscal para apagar los escándalos protagonizados por funcionarios del Gobierno.
La presión política, física y moral a la Corte olvida que la decisión de elegir Fiscal no es un mero hecho de trámite y en la historia del país siempre se ha asumido con responsabilidad, porque presenta tres enormes retos.
El primero, la Corte debe seleccionar a una persona que no solamente tenga conocimientos suficientes, sino también que tenga la capacidad de gerenciar una entidad con más de 20.000 empleados y, lo que es más importante, dirigir la política criminal del Estado.
El segundo es que para ser elegido se requiere obtener mayoría absoluta, lo cual en este momento implica tener 16 de los 23 votos de los magistrados. Ello hace que en muchas ocasiones ni siquiera se haya podido contar con una mayoría básica para sentarse a votar y en otras la Corte haya tenido que elegir gran parte de sus miembros antes de ello. Lo anterior no es menor, pues debe recordarse que, por ejemplo, la elección de Viviane Morales fue declarada nula por el Consejo de Estado por problemas en la votación.
El tercero, y tal vez más complejo, es que pese a ser ternado por el Presidente, el Fiscal debe dar garantías de independencia frente a este, pues de lo contrario no puede ejercer su función de control. En este aspecto se dice que algunas personas en la Corte tienen reservas sobre la cercanía del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con varias de las candidatas. No se puede pasar por alto que el silencio de las ternadas frente al ataque a la independencia de la Corte explotó como una bomba en la dignidad que tiene la rama para no ser sujeto de presiones ilegales.
Estos retos no son nuevos e, incluso, en una ocasión llevaron a que la Corte Suprema de Justicia le devolviera tres veces la terna al Presidente de la República, sin que se presentaran marchas ni escándalo alguno. Examinando las ternas rechazadas tenían muchas personas con trayectoria sin que nadie hubiera ejercido la presión que hoy existe sobre la Corte.
La Corte Suprema ha resistido con dignidad durante toda su historia muchos ataques a su independencia, es necesario rodearla para que tome una decisión razonada, de lo contrario el futuro del país está en riesgo. Como lo expresó la fallecida magistrada Fanny González: “Los magistrados prefieren la muerte a doblegarse”, y Colombia entera debe apoyarlos.
P. D. “Difícil es templar en el poder a los que por ambición disimularon ser honrados”, Caius Sallustius. No existe un mayor acto contra la ética que nombrar a Benedetti en la FAO, que en una reciente sentencia de la Corte Suprema es mencionado recurrentemente por hechos de corrupción, al ser, supuestamente, beneficiario del robo a Fonade. El silencio de una persona tan cuestionada debe valer mucho para pagar un costo político tan alto.
LUIS FELIPE HENAO
(Lea todas las columnas de Luis Felipe Henao en EL TIEMPO aquí)
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