La principal base de los Estados modernos es el equilibrio de poderes, que se sustenta en la existencia de frenos y contrapesos (‘checks and balances’) entre los diversos órganos del poder público. Desde los padres del Estado liberal como Montesquieu, Rousseau y Locke, hasta juristas y filósofos defensores del Estado social y democrático de derecho como Gustav Radbruch, Robert Alexy, Luigi Ferrajoli, Ronald Dworkin, Hans Kelsen, Jurgen Habermas y Eduardo García de Enterría, todos coinciden en que un gobierno sin control no es democrático.

La tesis de la ruptura institucional que expresó el presidente Petro la semana pasada, en la que se victimiza acusando al Fiscal y la Procuradora de fraguar un golpe blando en su contra no solamente es absurda, sino que pone gravemente en peligro la institucionalidad, pues incluye la convocatoria y amenaza de utilizar la movilización social como un arma.

En año y medio en el poder, el de Petro es tal vez el gobierno con más escándalos. Comenzando su mandato, su propio hermano reconoció que en la campaña presidencial se presentaron reuniones en La Picota con los delincuentes más peligrosos del país; luego su hijo aceptó el manejo irregular de recursos públicos en la campaña; Benedetti chantajeó al Gobierno y hoy lo premian con una embajada, que más que un cargo es una vergüenza porque es la jugadita para evadir la justicia. Y la ñapa: se descubre que Fecode financió la campaña del presidente Petro, sin que ello se hubiera reportado.

Ante semejante panorama, cualquier persona pensaría que habría capturas, allanamientos y medidas de aseguramiento. En otros gobiernos, escándalos similares han generado fuertes decisiones contra sus protagonistas. Recuérdese, por ejemplo, las decisiones de la justicia en escándalos como el proceso 8.000, la ‘Yidispolítica’, el miti-miti o Dragacol, por los que fueron capturados exministros y altos funcionarios, sin ninguna contemplación. Sin embargo, lejos de verse una persecución, la realidad demuestra que los organismos de control están teniendo máxima prudencia para evitar que ello se presente.

Este panorama presenta enormes riesgos para el país, que ponen en peligro la democracia. El primero es que nuevamente nos esperan meses de bloqueos y manifestaciones lideradas por Fecode, que ahora inventará que también está siendo perseguido. El segundo es la enorme presión que ya se está viviendo para la elección de Fiscal General.

El triunfo del voto en blanco en las primeras votaciones de las tres candidatas quiere romperse a como dé lugar, pero en los pasillos de la Corte ha causado muy mala impresión que se esté anunciando que la nueva Fiscal será una mera fachada de Iván Velásquez. El tercero es que abre la puerta para medidas como cierres del Congreso, lo cual ya vivió Colombia en 1905 y 1949. El cuarto y más grave es una guerra contra la Justicia, atacando cada una de sus decisiones.

Las dos terceras partes de los colombianos tienen una imagen desfavorable del Gobierno y del Pacto Histórico, lo cual se vio reflejado en las elecciones regionales de 2023. Por ello, los colombianos debemos saber que nos esperan años complejos, paros, primeras líneas en todo el país y acusaciones de que les robaron las elecciones, y con ello más violencia.

El Pacto Histórico no ha aprovechado la primera oportunidad de la izquierda en Colombia para gobernar. No ha entendido que los cambios que requiere Colombia no se logran destruyendo, sino construyendo. Ahora, luego de enormes errores y escándalos, pareciera que quisieran una licencia para abusar del poder sin ser investigados, victimizarse y buscar una amnistía futura ‘de facto’ para derrumbar la institucionalidad.

LUIS FELIPE HENAO

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¿Una licencia para delinquir?

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05.02.2024

La principal base de los Estados modernos es el equilibrio de poderes, que se sustenta en la existencia de frenos y contrapesos (‘checks and balances’) entre los diversos órganos del poder público. Desde los padres del Estado liberal como Montesquieu, Rousseau y Locke, hasta juristas y filósofos defensores del Estado social y democrático de derecho como Gustav Radbruch, Robert Alexy, Luigi Ferrajoli, Ronald Dworkin, Hans Kelsen, Jurgen Habermas y Eduardo García de Enterría, todos coinciden en que un gobierno sin control no es democrático.

La tesis de la ruptura institucional que expresó el presidente Petro la semana pasada, en la que se victimiza acusando al Fiscal y la Procuradora de fraguar un golpe blando en su contra no solamente es absurda, sino que pone gravemente en peligro la institucionalidad, pues incluye la convocatoria y amenaza de utilizar la movilización social como un arma.

En año y medio en el poder, el de Petro es........

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