La producción de pasaportes es un proceso complejo cuya realización se contrata cada cuatro años a través de una licitación, realizada a pocos meses de la posesión del nuevo presidente, pues de lo contrario se podría generar una crisis monumental. Por ello, desde el propio empalme los funcionarios salientes del gobierno Duque le manifestaron al canciller Leyva que debía darle prioridad a la realización de este proceso. Sin embargo, la licitación solamente se abrió en marzo de 2023.
Desde la apertura del proceso se dieron debates sobre los plazos y el cumplimiento de requisitos, pero lejos de hacerse cambios se siguió adelante con la licitación y se calificó a la empresa Thomas Greg con 1.000 de 1.000 puntos, por lo cual en ese momento no quedaba otra que adjudicarle el contrato. Sin embargo, en una curiosa jugadita se termina declarando desierta la licitación, alegando sin pruebas que había existido favorecimiento. Y previo trino presidencial que “derogó” la Ley 80.
En este entorno de improvisación, cabe preguntarse: ¿no fue el gobierno Petro el que dirigió toda la licitación? Si existió favorecimiento, ¿se denunciaron estas conductas? Nada de esto pasó. Por lo tanto, la Dra. Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, se vio en la obligación de señalar el riesgo jurídico que tiene la nación ante el actuar posiblemente corrupto en el que está incurriendo la Cancillería.
La olla podrida la destapa Daniel Coronell, quien denuncia que las reglas de la nueva licitación se discutieron en una reunión en París en la que participaron el hijo del Canciller, el director jurídico de Asuntos Internacionales de la Cancillería –en el pasado fiscal de bolsillo del hoy Canciller– y personas interesadas en la licitación.
Poco a poco se han venido descubriendo más detalles extraños: 1) El autor del archivo del comunicado de respuesta del director jurídico de Asuntos Internacionales de la Cancillería es el propio hijo del Canciller. 2) Ningún funcionario figura proyectando o revisado la declaratoria como desierta y quien le ayuda al Canciller es el propio director jurídico de Asuntos Internacionales de la Cancillería, que no había tenido relación previa con la licitación y a quien ponen al frente del nuevo proceso. 3) El abogado de Leyva “hace mal la certificación del Comité que decide conciliar, para que Leyva quede con la decisión final” y renuncia sin cobrar; y 4) Finalmente, contratan al abogado Matallana, conocido de los autos de Petro, con quien estuvo relacionado en el escándalo de las basuras –fue su testigo estrella en los procesos de la SIC– y utilizó la misma estrategia de atacar a los proponentes por redes sociales, hablar de carteles, para terminar contratando con ellos, perdiendo todos los pleitos.
Con estos indicios de corrupción, la Dra. Zamora cuestionó la decisión de declarar desierta una licitación en la cual ya se habían calificado los proponentes y recomendó conciliar para evitar una demanda que costará al Estado cientos de miles de millones de pesos. Sin embargo, en vez de acoger el consejo, el canciller Leyva gritó a la jurista diciéndole que le notificarán de la sentencia en su tumba.
En el escándalo de los pasaportes de la Cancillería se está reviviendo el mismo ‘modus operandi’ utilizado por Petro en el escándalo de las basuras. Estigmatización de los empresarios, de funcionarios como Zamora y de periodistas. Mientras en el Gobierno nadie responde por nada, la Procuraduría deberá investigar muy bien qué está detrás de la máquina tapaescándalos –Matallana fue el experto que le avaló ese disparate– para evitar que se siga jugando con el patrimonio de los colombianos.
LUIS FELIPE HENAO
(Lea todas las columnas de Luis Felipe Henao en EL TIEMPO aquí)
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