El país afronta una de las decisiones más importantes como lo es la elección de fiscal, y la Corte Suprema debe empezar por examinar si el sistema acusatorio está cumpliendo o no con las funciones de proteger a la sociedad del delito, eliminar la venganza privada y proteger los derechos de los procesados.

Las estadísticas muestran un panorama difícil en el objetivo de la prevención del delito. Según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, en los últimos dos años se presentó un incremento del 24 por ciento de la delincuencia; se registraron 361.833 nuevas noticias criminales ingresadas al Spoa. Lo más complejo es que están aumentando delitos como el secuestro, asesinato de líderes sociales y las masacres en más del 30 por ciento.

En el año anterior, en el Sistema Penal Oral Acusatorio ingresaron 1’787.738 noticias criminales, lo cual hace muy compleja la operación de la justicia penal. Por otro lado, el derecho penal en Colombia tampoco parece cumplir con la función de evitar venganza privada, pues cada vez se ven más casos de delincuentes linchados luego de cometer hurtos.

Al mismo tiempo se presenta un fenómeno alarmante de los archivos de procesos, que llegaron a un 81,7 por ciento, lo que demuestra que o los colombianos somos mitómanos o se está denegando justicia en las investigaciones penales. Y las cifras demuestran lo segundo, pues del total de archivos el 55,2 por ciento se dio por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo o pasivo. Al final, en apenas el 2,7 por ciento de los procesos se está llegando a sentencia y el principio de oportunidad (creado para evacuar procesos menores o negociados) no llegó al 1 por ciento.

En Alemania, el profesor Klaus Volk destaca que para que la justicia penal sea efectiva es necesario que se concentre en los casos más graves y en el resto se aplique el principio de oportunidad, pero lo que no puede suceder es que 8 de cada 10 procesos se archiven, pues en ese evento la impunidad es clara. Muchas conclusiones pueden sacarse de estas cifras y también algunas propuestas para mejorar la situación:

1. La primera conclusión es que, al contrario de lo que pudiera pensarse, la congestión del sistema penal ya no está en la fase de juzgamiento, sino en la investigación, y que es en esa fase en la que es necesario realizar mayores cambios, como la eliminación de la audiencia de imputación. En vez de ello, basta con la remisión del escrito de la acusación con anticipación suficiente para que se prepare el juicio.

2. Debe limitarse la posibilidad de archivar el proceso, que en la gran mayoría de casos conduce a la impunidad, y reemplazarse por un principio de oportunidad, con un enfoque restaurativo que permita dar respuesta a las víctimas sin necesidad de un juicio en casos que lo permitan.

3. La tercera debe ser la simplificación de la captura en flagrancia. El sistema impone requisitos tan complejos para legalizar la captura que casi siempre concluye en libertades por tecnicismos absurdos, que no tienen que ver con la prueba.

4. Finalmente, y no menos importante, es necesaria la simplificación probatoria. El hecho de que la mayoría de condenas se den por preacuerdo (que muchas veces no es conveniente para la justicia, sino solo el más fácil de lograr) muestra que hay temor de entrar en el debate probatorio en el juicio.

Si una conclusión se puede sacar a los 20 años de la implantación del sistema acusatorio, es que ha sido muy positivo frente a las garantías y que por ello debe conservarse, pero que deben hacerse ajustes, pues su complejidad está haciendo muy difícil la labor de la Fiscalía y de los jueces de investigar y sancionar la cada vez más alarmante cifra de criminalidad de Colombia.

Acaba la institucionalidad de presionar a los magistrados para la elección de fiscal y no dejarlos hacer una reflexión serena en dicho proceso, como tampoco es justo descalificar a una de las ternadas por la opinión de su esposo.

LUIS FELIPE HENAO

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Propuestas para una reforma de la justicia penal

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26.02.2024

El país afronta una de las decisiones más importantes como lo es la elección de fiscal, y la Corte Suprema debe empezar por examinar si el sistema acusatorio está cumpliendo o no con las funciones de proteger a la sociedad del delito, eliminar la venganza privada y proteger los derechos de los procesados.

Las estadísticas muestran un panorama difícil en el objetivo de la prevención del delito. Según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, en los últimos dos años se presentó un incremento del 24 por ciento de la delincuencia; se registraron 361.833 nuevas noticias criminales ingresadas al Spoa. Lo más complejo es que están aumentando delitos como el secuestro, asesinato de líderes sociales y las masacres en más del 30 por ciento.

En el año anterior, en el Sistema Penal Oral Acusatorio ingresaron 1’787.738 noticias criminales, lo cual hace muy compleja la operación de la justicia penal. Por otro lado, el derecho penal en Colombia tampoco parece cumplir con la función de evitar........

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