Cuando comenzaron los primeros escándalos del futuro gobierno Petro, todavía en campaña, y se decía que su hermano Juan Fernando Petro y quien sería su futuro comisionado de Paz, Danilo Rueda, andaban por las cárceles cazando apoyos para el candidato entre mafiosos y bandas criminales, se sacó la disculpa de que la meta era el perdón social.

Desde tan temprano comenzó a hacerse evidente que este podría convertirse en uno de los gobiernos más corruptos de la historia, así lo dije y, como es obvio, me cayeron rayos y centellas por “exagerada”, pero el tiempo me ha ido dando la razón con creces.

Desde entonces, prácticamente todo lo que es cercano al Presidente –como su hermano, su hijo, su nuera, su esposa; su jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y su estratega de campaña, Benedetti, quien se adjudica sin modestia alguna el triunfo electoral de Petro, han estado metidos en escándalos de plata. Hasta ahora no hay acusaciones judiciales contra el Presidente; solo las polémicas que lo envuelven por sus improvisados proyectos de reformas sociales, el reparto de la burocracia entre sus amigos y seguidores –muchas veces sin importar que sus hojas de vida no llenen los requisitos–; su obsesión con los viajes y su figuración internacional; sus intervenciones pendencieras y polarizantes; y su cada vez más insistente idea de que en el 2026 puede que él se vaya del Palacio de Nariño, pero no soltará el poder.

De manera que hasta aquí el problema se limitaba a lo jurídico y lo ético de sus allegados. Pero estos problemas, de un día para otro, se volvieron costosísimos, como el reciente millonario desfalco a las arcas públicas con la compra de los carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.

Es increíble que no hubiéramos aprendido nada del paso de Petro por la Alcaldía de Bogotá, cuando importó unos camiones todos chorreados de mugre que ayudaron a sumir a la ciudad en un caos de basuras durante varios días y luego acabaron parqueados como chatarra, porque no eran más.

Y aunque ahora, a pesar de estar destituido el representante legal de la Unidad de Gestión del Riesgo, creo que el problema no está resuelto. Por una parte fue un contrato hecho con objeto ilícito porque particulares, no sabemos cuántos ni quienes, se apoderaron de dineros públicos. El Estado pagó $ 1.170’000.000 por cada carrotanque, y me informa una fuente de muy alta credibilidad que el distribuidor oficial de la marca vende ese equipo, de la misma marca y modelo, por € 128.500,01, incluido el impuesto del IVA, que al cambio del euro para noviembre de 2023, aproximadamente de $ 4.300, arrojaría un valor total por cada carrotanque de $ 552’550.043; a este se debe sumar el costo del tanque de agua de acero inoxidable que debía añadirse a los camiones y que tiene un valor aproximado de $ 120’000.000 por unidad. Que el lector calcule lo que terminamos pagando de más.

Pero una cosa es que el negocio sea corrupto y salga carísimo, y otra cosa es que además de carísimo, su objeto sea la compra de cosas inservibles.

Es el caso de los carrotanques; ni se molestaron en preguntar si existía un equipo adecuado para trabajar en las arenosas trochas de La Guajira; si lo hubieran hecho, habrían descubierto que, con la misma marca y modelo, se ofrece un equipo especializado para terrenos difíciles que identifican como “cuatro manos”, que tiene un valor de € 143.999,52 por unidad. Los órganos de control tienen que hacer su trabajo, que pasa por procesos judiciales, disciplinarios y fiscales, que ojalá terminen en algo.

Es inaceptable que con la disculpa de saciar la sed de los guajiros, el objeto del contrato terminara siendo defraudar al Estado. Está afectado de objeto ilícito, y lo ilícito hace sus efectos nulos. La Administración debería atender ese frente para recuperar, en lo posible, la inversión perdida con los respectivos perjuicios. No será fácil. Desde lo práctico, cada vez que un camión de esos se atasca en una de las difíciles trochas de La Guajira se daña porque no fue diseñado ni construido para eso. Y si ese equipo queda en manos inexpertas, por terrenos inapropiados, en seis meses no existirán y el Gobierno procederá a vender por kilos la chatarra jurídica y física que de ellos quede y los habitantes del desierto permanecerán sin agua. Si la misión que Petro asigna a los funcionarios estatales no es adueñarse de recursos estatales para fortalecer la política del “cambio” o cobrarse favores, es hora de que confíe esta clase de problemas a técnicos capaces de diseñar soluciones eficaces y transparentes, a quienes, en cambio, está empeñado en sacar a patadas de esta administración.

Entretanto... Una cosa es que una candidata a fiscal esté casada con el respetado jurista Germán Marroquín y otra con el imprudente Gregorio Oviedo. Luego el marido sí hace diferencia.

MARÍA ISABEL RUEDA

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Alí y los 40... camiones

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10.03.2024
Cuando comenzaron los primeros escándalos del futuro gobierno Petro, todavía en campaña, y se decía que su hermano Juan Fernando Petro y quien sería su futuro comisionado de Paz, Danilo Rueda, andaban por las cárceles cazando apoyos para el candidato entre mafiosos y bandas criminales, se sacó la disculpa de que la meta era el perdón social.

Desde tan temprano comenzó a hacerse evidente que este podría convertirse en uno de los gobiernos más corruptos de la historia, así lo dije y, como es obvio, me cayeron rayos y centellas por “exagerada”, pero el tiempo me ha ido dando la razón con creces.

Desde entonces, prácticamente todo lo que es cercano al Presidente –como su hermano, su hijo, su nuera, su esposa; su jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y su estratega de campaña, Benedetti, quien se adjudica sin modestia alguna el triunfo electoral de Petro, han estado metidos en escándalos de plata. Hasta ahora no hay acusaciones judiciales contra el Presidente; solo las polémicas que lo envuelven por sus improvisados proyectos de reformas sociales, el reparto de la burocracia entre sus amigos y seguidores –muchas veces sin importar que sus hojas de vida no llenen los requisitos–; su obsesión con los viajes y su........

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