De manera arbitraria y contra la opinión de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, en septiembre el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva determinó que fuese declarada desierta la licitación para la fabricación de pasaportes. En ese entonces, el presidente Gustavo Petro salió a respaldarlo con un argumento que sonaba bonito: “En mi gobierno –escribió en unos de sus habituales trinos– no tendremos licitaciones con un proponente. La lucha contra la corrupción va en serio”.

Era evidente la referencia a que, en la licitación de pasaportes, el único proponente que resultó debidamente calificado fue la compañía Thomas Greg & Sons, propiedad de una firma británica y de sus socios colombianos (la familia Bautista), que durante décadas ha sido reconocida por su experiencia y su probada eficacia en la fabricación de documentos.

Por causa de la arbitrariedad de su decisión, Leyva fue suspendido del cargo por la Procuraduría, y ahora el país se enfrenta a una costosísima demanda de la........

© El Tiempo