La ciudadanía está desesperada. Ya no sabe qué hacer con el problema de la inseguridad. Aunque es muy visible y grave lo que está ocurriendo en Bogotá, la situación es generalizada a nivel nacional. En los noticieros se habla a diario de pueblos completamente confinados; de confrontaciones permanentes con grupos armados organizados, a pesar del cese del fuego; de secuestros aquí y allá; de la violencia extorsiva haciendo su agosto con el comercio; de asesinatos sicariales en pueblos y ciudades y de atracos colectivos por doquier. La delincuencia armada deambula, sin ley ni autoridad que se ejerza.
La intimidación de la delincuencia es tan grande que por estos días escuché a unas señoras decir en una popular cafetería, que llegaron allí sin cartera ni joyas, “por si acaso”. Inclusive, unos empresarios recordaron que, de seguir así, viviremos la misma situación de Panamá, después de Noriega, donde los restaurantes tuvieron que colocar rejas a la entrada, custodiadas por personal de seguridad privada, armado hasta las narices, para que la clientela pudiera volver.
Indigna que frente a los crecientes episodios de criminalidad, las autoridades no den luces de tener planes concretos para controlar la situación. Salen en televisión solo para registrar lo acontecido, como si fueran periodistas. En otros casos se presentan para ofrecer ridículas recompensas, que no estimulan la delación.
Por ello es cada vez más común escuchar el comentario de que “necesitamos un Bukele”. Lo que no significa que se reclame un régimen de mano dura que viole los derechos humanos y que, so pretexto de doblegar el delito, cometa toda clase de atropellos. No. Lo que se pide es que, como en el caso del presidente de El Salvador, la autoridad se ponga los pantalones y lleve a la cárcel a los delincuentes. Es decir que se aplique la ley y no se ande negociándola.
Hace varias semanas un periodista de la BBC de Londres increpó a Bukele por la captura de 70.000 pandilleros en un par de años. El presidente salvadoreño no dudó en contestar: “Es que pasamos de ser el lugar más peligroso del mundo a ser el país más seguro del hemisferio occidental. La única forma de hacerlo fue arrestando a los asesinos. No hay otra manera. ¿Acaso qué esperaban, que apresáramos a 100 personas y dejáramos a 69.900 pandilleros en la calle y que por arte de magia bajen los asesinatos?”.
Entre nosotros, en el año 1995, mediante la Ley 229, logramos la expedición del Estatuto de Seguridad Ciudadana, que tipificó como contravenciones las conductas que más afectaban a los colombianos, las que –sin congestionar la Fiscalía y sin las farragosas audiencias que hoy existen, de imputación y acusación– pasaron a ser juzgadas directamente por jueces penales, a través de procedimientos sumarios que no excedían de 10 días. Su resultado fue contundente. Los atracadores y maleantes empezaron a pagar por sus delitos. Entre 1995 y 1997, la población carcelaria creció un 25 %. Pero, claro está, no tardaron en aparecer las voces críticas y las ONG denunciaron que el hacinamiento carcelario crecía desaforadamente, al pasar durante esos años del 10 % al 45 %, afectando los derechos de los reclusos. Nunca se pronunciaron sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, la protección de su vida y de sus bienes. Este entorno hostil llevó a su derogatoria en el año 2000.
Y ya sabemos lo que desde entonces ocurre: los antisociales viven en libertad; se andan buscando pretextos para liberar a los pocos delincuentes que se capturan; el Ejército anda escondido, sin hacer retenes en las calles, y el presupuesto vigente no contempla ni un peso para cárceles, porque hay dirigentes que piensan que viven en Holanda, donde se acabó la clientela de las prisiones. Como si lo anterior no fuera delicado, ahora se prefiere la justicia restaurativa, para que los carteristas y raponeros no paguen cárcel y simplemente se los sancione ordenándoles pagar las facturas del celular de sus víctimas. Todo un chiste.
Taponazo. Harán mucha falta en el oficio público y en el periodismo la ponderación y la pluma crítica e ilustrada de Rodrigo Pardo.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO aquí)
Se busca ‘un Bukele’
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25.02.2024
La ciudadanía está desesperada. Ya no sabe qué hacer con el problema de la inseguridad. Aunque es muy visible y grave lo que está ocurriendo en Bogotá, la situación es generalizada a nivel nacional. En los noticieros se habla a diario de pueblos completamente confinados; de confrontaciones permanentes con grupos armados organizados, a pesar del cese del fuego; de secuestros aquí y allá; de la violencia extorsiva haciendo su agosto con el comercio; de asesinatos sicariales en pueblos y ciudades y de atracos colectivos por doquier. La delincuencia armada deambula, sin ley ni autoridad que se ejerza.
La intimidación de la delincuencia es tan grande que por estos días escuché a unas señoras decir en una popular cafetería, que llegaron allí sin cartera ni joyas, “por si acaso”. Inclusive, unos empresarios recordaron que, de seguir así, viviremos la misma situación de Panamá, después de Noriega, donde los restaurantes tuvieron que colocar rejas a la entrada, custodiadas por personal de seguridad privada, armado hasta las narices, para que la clientela........
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