Han pasado ocho días desde que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría (PGN), en ejercicio de sus facultades, ordenó la suspensión provisional de Álvaro Leyva del cargo de canciller de la República. Quería evitar que interviniera en el nuevo proceso licitatorio de los pasaportes, por el cual está siendo investigado. Aun así, sigue despachando e incluso firmó los estudios previos de la nueva licitación. El responsable de no acatar la medida es el presidente Petro, que no ha cumplido con la obligación constitucional de designar a la persona que, por encargo, asuma el Ministerio por el tiempo que dure la suspensión.
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El asunto era simple. Un funcionario público en ejercicio de sus labores revisa y avala los términos de una licitación pública con la que se propone contratar la elaboración y distribución de los pasaportes. Días después, la protesta del presidente Petro, que considera que la licitación puede estar amañada porque hay un único proponente, hace que Leyva declare desierta la licitación y decrete la urgencia manifiesta, que le permite prorrogar el contrato con la empresa que venía produciendo los pasaportes para la Cancillería, la misma que se había presentado a la licitación. No obstante los conceptos de los comités de evaluación y de contratación del Ministerio, y las alertas de los organismos competentes por los riesgos que implicaban sus decisiones, Leyva respondió: “A mí qué me importa que condenen al Estado. Con lo que se demora un proceso en Colombia”.
Por la trascendencia del hecho, la gravedad del comportamiento y el rango del funcionario, la Sala de Instrucción de la PGN abrió investigación. Por tratarse de un ministro, es esa instancia la que tiene la competencia para hacerlo. La conforman tres profesionales con rango de magistrados, experiencia en el cargo y autonomía decisional.
No quisiera pensar en que por causa de otra de sus batallas contra sus ‘enemigos políticos’, el Presidente está desafiando el orden constitucional.
Después de nueve meses de indagaciones, la Sala formula pliego de cargos a Leyva y a su secretario general, José Salazar, en razón de que “se desconoció que los procesos de selección de contratista son estrictamente reglados y contemplan términos perentorios; que la suspensión de la licitación no estaba debidamente fundamentada; y en la declaración de desierta de la licitación pública se desconoció la evaluación y calificación de una oferta que tenía el máximo puntaje”. Además, ordena la solicitud de suspensión, para evitar que Leyva repitiera la conducta sobre la que se le previno en el pasado y no atendió.
Aquí el asunto se complica. Como la orden de suspensión no separa automáticamente al funcionario de su cargo, quien la debe cumplir es el superior que hizo el nombramiento. Por eso, el 24 de enero de 2024, la Sala de Instrucción envía al presidente Petro (en su condición de jefe inmediato) la orden de la suspensión provisional de Leyva, sin derecho a remuneración y por tres meses, en los términos de lo establecido en el art. 217 del Código General Disciplinario. Además, la orden está sometida a una consulta automática que le confiere tres días al investigado para que exponga los argumentos y haga las solicitudes pertinentes. Quien la resuelve es el superior de la Sala de Instrucción que dictó la orden, que es la Procuradora. Pero ojo: la consulta no suspende la orden, que es de inmediato cumplimiento. El problema está en que el Presidente, por sus declaraciones, no parece dispuesto a hacerlo.
Aquí el asunto se convierte en un problema de Estado. El Presidente no puede seguir en pie de guerra con una institución que, independientemente quien la dirija, fue creada para defender a los ciudadanos de los abusos que pueda cometer el Estado, y cuya misión está en vigilar la conducta de los servidores públicos, defender el orden jurídico y el patrimonio público. Negarse a cumplir con sus decisiones no solo debilita la legitimidad de semejante institución, sino que además quebranta la Constitución que en su posesión juró cumplir y hacer cumplir.
No quisiera pensar en que por causa de otra de sus batallas contra sus “enemigos políticos” está desafiando el orden constitucional de una manera tal que abre el camino que puede llevar al Estado al borde de un precipicio totalitario al que muchos lo quieren ver llegar.
PEDRO MEDELLÍN
*Profesor titular, Facultad de Ingeniería Universidad Nacional
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El precipicio totalitario
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01.02.2024
Han pasado ocho días desde que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría (PGN), en ejercicio de sus facultades, ordenó la suspensión provisional de Álvaro Leyva del cargo de canciller de la República. Quería evitar que interviniera en el nuevo proceso licitatorio de los pasaportes, por el cual está siendo investigado. Aun así, sigue despachando e incluso firmó los estudios previos de la nueva licitación. El responsable de no acatar la medida es el presidente Petro, que no ha cumplido con la obligación constitucional de designar a la persona que, por encargo, asuma el Ministerio por el tiempo que dure la suspensión.
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El asunto era simple. Un funcionario público en ejercicio de sus labores revisa y avala los términos de una licitación pública con la que se propone contratar la elaboración y distribución de los pasaportes. Días después, la protesta del presidente Petro, que considera que la licitación puede estar amañada porque hay un único proponente, hace que Leyva declare desierta la licitación y decrete la urgencia manifiesta, que le permite........
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