De entre los retos que el recién inaugurado presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, debe enfrentar estará el de lograr que las instituciones del Estado destinadas a perseguir la corrupción, como la Fiscalía General, dejen de ser el instrumento de lo que en el país se conoce como el “pacto de corruptos”, una alianza de facto de políticos, empresarios, y en la que entran miembros del crimen organizado, que ha controlado hasta ahora los resortes del poder.
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Su gran desafío será lograrlo dentro de los límites que le impone la democracia misma. Tiene la autoridad moral para pedir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, instrumento del “pacto de corruptos” y cabeza de la conspiración para impedirle asumir la presidencia, que tomó un cariz de golpe de Estado: pero no tiene la autoridad legal para destituirla, salvo si media una condena judicial por comisión de un delito. Y la fiscal se halla a la mitad de su segundo período, que no termina sino en mayo de 2026; es hasta entonces que podrá nombrar un sustituto.
Dada la experiencia vivida en todos estos meses agónicos, desde su elección en segunda vuelta el 20 de agosto del año pasado, sabe que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, si bien terminaron allanándole el camino frente a los recursos arbitrarios interpuestos por la Fiscalía, se mostraron duales y vacilantes; y ahora tendrá que seguir lidiando con ambos tribunales, en la lucha por defender su presidencia de las agresiones que sin duda continuarán.
Tiene frente a sí, entonces, no solo los límites constitucionales, sino los que le imponen las circunstancias políticas, como cabeza de un partido, Semilla, con apenas cinco diputados en una Asamblea Nacional de 160 miembros; y los diputados que controlan la mayoría metidos en la trama conspirativa que trató de impedirle asumir la presidencia. Pero la paradoja es que con esas fuerzas deberá negociar acuerdos para buscar gobernabilidad.
Tiene frente a sí, entonces, no solo los límites constitucionales, sino los que le imponen las circunstancias políticas.
Deberá lograrlo sin hacer concesiones que contradigan sus promesas de descabezar la corrupción. Y sin enajenar, por la otra parte, la voluntad de quienes lo votaron con grandes esperanzas y salieron a la calle a defender los resultados electorales, a la cabeza los cantones indígenas.
Un diálogo diverso y constante, con los legisladores, los pueblos indígenas, la empresa privada, los sindicatos, las corporaciones profesionales, los municipios. Y la relación crucial con las fuerzas armadas, sobre las que ha escrito un libro, Estado violento, ejército político.
Hay una tendencia natural a comparar a Bernardo Arévalo con su padre, Juan José Arévalo, elegido en 1944 con el 85 % de los votos, fruto de una revolución democrática que contó con una amplia mayoría parlamentaria y fue respaldado por los sindicatos obreros, lo que le permitió aprobar lo que entonces fue un hito en Guatemala, el Código del Trabajo. Tenía, además, en la jefatura del ejército al coronel Jacobo Árbenz, elegido luego para sucederlo en la presidencia, y con cuyo concurso pudo sofocar constantes rebeliones y asonadas militares.
Las circunstancias que median entre ambos son muy diferentes, mucho más propicias las que rodearon al padre; pero el dominador común es la ambición por la modernidad democrática que, desde siempre, las fuerzas más oscuras, y tan feudales, han negado a Guatemala. Arévalo, el padre, enunciaba un “socialismo espiritual”, que el hijo expone como democracia social.
En los cuatro años del periodo que ahora empieza, sin posibilidad de reelección, no puede exigirse a este Arévalo de hoy transformar la estructura social y económica de un país con altos índices de pobreza, secularmente sometido a estructuras injustas, y discriminatorias en contra de la mayoritaria población indígena, aherrojado por la corrupción, amenazado por la presencia del crimen organizado y con una frontera crítica con México, que bulle de narcotraficantes y de emigrantes ilegales en camino hacia Estados Unidos.
Pero con sentido común, voluntad de conciliación, y manteniéndose, sobre todo, fiel a sus principios éticos, decidido a frenar la corrupción, podrá demostrar que la democracia es posible, si es capaz de defenderla cada día. Predicar con el ejemplo, y cumplir con la palabra propia, parece una tarea simple, pero en Guatemala será una proeza.
SERGIO RAMÍREZwww.sergioramirez.com
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Grandes esperanzas
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18.01.2024
De entre los retos que el recién inaugurado presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, debe enfrentar estará el de lograr que las instituciones del Estado destinadas a perseguir la corrupción, como la Fiscalía General, dejen de ser el instrumento de lo que en el país se conoce como el “pacto de corruptos”, una alianza de facto de políticos, empresarios, y en la que entran miembros del crimen organizado, que ha controlado hasta ahora los resortes del poder.
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Su gran desafío será lograrlo dentro de los límites que le impone la democracia misma. Tiene la autoridad moral para pedir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, instrumento del “pacto de corruptos” y cabeza de la conspiración para impedirle asumir la presidencia, que tomó un cariz de golpe de Estado: pero no tiene la autoridad legal para destituirla, salvo si media una condena judicial por comisión de un delito. Y la fiscal se halla a la mitad de su segundo período, que no termina sino en mayo de 2026; es hasta entonces que podrá nombrar un sustituto.
Dada la experiencia vivida en todos estos meses........
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