Alarmado y sin dar crédito a las primeras noticias sobre la forma como acaba de ser retirada del servicio público nadie menos que la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, fui a mi archivo de columnas en busca de la que titulé ‘¡Virgen santísima!’, única exclamación de nuestro actual Canciller ante la amenaza del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, de seguir en esa legación tras el escándalo aquel, que todos repudiamos.

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Pero hoy, ante la explicable y masiva reacción mediática generada por la discutible “juridicidad” con que explicarían el señalado retiro, estoy convencido de que a nuestro ministro de Relaciones Exteriores lo corona un extraño halo de rara santificación bajo el cual puede decir y hacer cuanto le plazca sin consecuencia ninguna para su permanencia en el Palacio de San Carlos.

Claro que el Presidente tiene, por mandato constitucional, competencia plena para designar como de libre nombramiento y remoción a los ministros del Gabinete y demás altos funcionarios, facultad que se supone ejercida previo conocimiento de las aptitudes, trayectoria profesional y calidades de los escogidos. Y aquí es donde muchos ciudadanos (electores o no del primer mandatario) advertimos, como meros y preocupados escrutadores de oficio, que el presidente Petro, a tan corto tiempo de su mandato, ha provocado, provoca y asusta con provocar frecuentes crisis ministeriales, dándose por descontado que en esos casos el Canciller no tendrá de qué preocuparse.

Se explicaría tan raro proceder (lo digo con todo respeto) si el doctor Leyva Durán estuviera ejerciendo sus funciones con lujo de competencia y reconocimiento público. Pero como eso, al parecer y lamentablemente, no ha sido así, es urgente que los doctores Petro y Leyva, de consuno y con alta difusión, cuenten la pura verdad del famoso proceso licitatorio para elaboración y distribución de pasaportes: quién lo declaró desierto y con qué facultades, cuál fue el proponente finalmente admitido para ejecutar el contrato y demás puntos relativos.

Porque tratándose de una jurista de amplia trayectoria profesional, reconocida vocación de servicio en altas dignidades e intachable proceder ético como Martha Lucía Zamora, no es siquiera decente que se le imponga “renunciar”. Pero como no soy juez, ni este espacio un estrado, aquí solo dejo mi opinión ante un dictado gubernamental que considero amañado e inescrupuloso.

VÍCTOR MANUEL RUÍZ

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