Las suspicacias e inconformidades que genera el relevo en la Fiscalía no son nada nuevo. Sin embargo, nunca se había llegado a una situación tan delicada como el hostigamiento contra los magistrados que vimos la semana pasada en inmediaciones del palacio de Justicia, un hecho desafortunado y a todas luces inaceptable; así el presidente de la República pretenda minimizarlo.
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Aunque lo deseable sería que la Corte Suprema de Justicia fuera más ágil en la elección del Fiscal General, ya ha habido varios casos en los que este cargo ha quedado en situación de interinidad en lapsos que se han prolongado días, semanas y meses. El proceso más dilatado fue el que se dio entre el 1 de agosto del 2009, tras la culminación del período de Mario Iguarán, y el 11 de enero del 2011, cuando se posesionó su sucesora, Viviane Morales, después de 17 meses y 11 días, tiempo durante el cual Guillermo Mendoza Diago fue el encargado de las llaves del búnker.
Esto sucedió en medio de un agrio enfrentamiento entre la Corte Suprema y la presidencia de la República, luego de que la revista Semana destapara a comienzos del 2009 el llamado “escándalo de las chuzadas”; es decir, las interceptaciones ilegales de las cuales fueron objeto, en pleno auge de la seguridad democrática, los magistrados del alto tribunal, al igual que políticos de la oposición y periodistas, episodio que a la postre precipitó el desmantelamiento del Departamento Administrativo de Seguridad, que ya había estado involucrado en otros polémicos episodios.
Petro insiste en reclamarle premura y eficiencia a la CSJ, pese a que, después de año y medio de gobierno, varias entidades del gobierno siguen acéfalas o en interinidad.
La elección de Viviane Morales requirió más de 25 sesiones de la CSJ, y esa demora le causó más de un disgusto al presidente Álvaro Uribe, que no se caracterizaba por quedarse con la boca cerrada o los brazos cruzados. “Dilatar la elección de Fiscal es amenazar a la institucionalidad del Estado de derecho”, dijo indignado el entonces mandatario en una entrevista con Fernando Londoño Hoyos, en La Hora de la Verdad. Cualquier parecido con la actualidad es más que coincidencia.
Curiosamente, la elección del ahora exfiscal Francisco Barbosa tampoco se produjo de la noche a la mañana, pues luego de la renuncia de Néstor Humberto Martínez, y antes de que el mejor ‘amiguis’ de Iván Duque llegara a esa alta posición, hubo ocho meses de interinidad, durante los cuales esta entidad quedó en manos del vicefiscal, Fabio Espitia, tal y como acaba de ocurrir ahora con la controvertida Martha Mancera, quien tendrá que entregarle el puesto a la persona que elija la CSJ, en un procedimiento que debe desarrollarse con todas las garantías y libre de presiones, de acuerdo con la dinámica interna de la Corte, que no necesariamente tiene que ceñirse a los plazos perentorios que pretenden imponer desde las calles, ni a los tiempos prudenciales que recomiendan algunos juristas o académicos, ni mucho menos a la celeridad que exigen desde la Casa de Nariño, pero que no ponen en práctica.
De hecho, es difícil entender por qué desde el Ejecutivo se insiste tanto en reclamarle premura y eficiencia a la CSJ, pese a que, después de año y medio de gobierno, varias entidades de esta administración siguen acéfalas o en interinidad, porque el señor presidente de la República no ha sido capaz de completar la nómina oficial.
Resulta contradictorio que Petro y sus alfiles le pidan actuar con rapidez a la CSJ, mientras algunas dependencias como la misma secretaría jurídica de la Presidencia, el Invima, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Inpec o la Imprenta Nacional, entre otras, tengan jefes provisionales; lo mismo que importantes misiones diplomáticas, como las embajadas en Chile, Perú, Dinamarca, Japón, Indonesia, Malasia o Australia.
¿O será que hay unas interinidades buenas y unas malas? En el gobierno del cambio, todo es posible.
VLADDO
puntoyaparte@vladdo.com
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14.02.2024
Las suspicacias e inconformidades que genera el relevo en la Fiscalía no son nada nuevo. Sin embargo, nunca se había llegado a una situación tan delicada como el hostigamiento contra los magistrados que vimos la semana pasada en inmediaciones del palacio de Justicia, un hecho desafortunado y a todas luces inaceptable; así el presidente de la República pretenda minimizarlo.
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Aunque lo deseable sería que la Corte Suprema de Justicia fuera más ágil en la elección del Fiscal General, ya ha habido varios casos en los que este cargo ha quedado en situación de interinidad en lapsos que se han prolongado días, semanas y meses. El proceso más dilatado fue el que se dio entre el 1 de agosto del 2009, tras la culminación del período de Mario Iguarán, y el 11 de enero del 2011, cuando se posesionó su sucesora, Viviane Morales, después de 17 meses y 11 días, tiempo durante el cual Guillermo Mendoza Diago fue el encargado de las llaves del búnker.
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