Es posible que exista la creencia en la sociedad de que las personas que han resultado elegidas en los cargos de elección popular pueden hacer lo que les venga en gana y que estos mismos elegidos se lo crean, por cuanto, actúan como dueños del Estado, sintiéndose propietarios, amos y señores del territorio, de los dineros públicos y de la gestión pública.
Esta conducta, que además es replicada en algunos casos por sus más inmediatos colaboradores, secretarios, asesores, directores de entidades descentralizadas, entre otras, que también se sienten y actúan como verdaderos monarcas, sin Dios ni ley. Esto, por cuanto, los lugares donde trabajan los llaman palacios. Sin embargo, hay que señalar que en la administración pública hay también gente muy buena.
Palacio es la casa real, lugar donde viven los reyes, símbolo de la monarquía absoluta, de la esclavitud, de la arbitrariedad, de la exclusión, rodeados en exceso de inmensos privilegios, lujos, venerados por sus súbditos, a quienes han sometido y esclavizado.
Esta terrible realidad acompañada de una corrupta manera de ejercicio del poder ha ido sucumbiendo en virtud de las luchas dadas y conquistas por la defensa de las libertades públicas, el avance del Estado de Derecho, que ha impuesto restricciones al actuar monárquico, imperial, arbitrario y corrupto de muchos gobernantes, de estos reyes de la inmoralidad pública.
Muchos alcaldes y gobernadores creen que el Estado, el territorio, la plata pública y las libertades públicas les pertenecen, se creen dioses, por cuanto gobiernan en una sociedad que han empobrecido progresivamente.
Esta realidad que en ocasiones pasa desapercibida, por fortuna, encuentra resistencia en una colectividad que ha estado dispuesta a liberarse, proceso de cambio que está en desarrollo y que, pese a las dificultades culturales y falencias de nuestra frágil democracia, ha encontrado el camino correcto.
A los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles electos hay que recordarles que no son reyes, que sus oficinas no son sus casas reales, que ni la plata pública, el territorio, ni las libertades públicas les pertenecen y que sus actuaciones deberán estar enmarcadas en el orden jurídico, en la constitución y en la ley que ellos deben acatar.
Ello significa que no pueden hacer lo que quieran, por cuanto sus actuaciones están estrictamente reguladas, sus funciones son precisas y detalladas, ( Artículo 121 de la Constitución Política ) y que sus gestiones deben ser en favor del interés general, propender por la defensa de los derechos humanos en toda su integridad y proteger el patrimonio público.
La puesta en práctica de la ética pública, en procura del establecimiento de la justicia social, del respeto a la dignidad humana y protección integral de la vida en todas sus formas, se constituye en verdaderos retos, que se seguirán abriendo paso porque las crisis son oportunidades que indican y producen soluciones.
Mis respetos entonces a la ciudadanía, a los líderes y lideresas sociales, a las organizaciones sociales, sindicales, a las veedurías, defensores de derechos humanos, a la prensa libre, que valientemente han venido impulsando la defensa de la ética pública, de la moral pública, de los derechos fundamentales, de los derechos económicos y sociales, de la dignidad humana, contra las conductas de quienes se creen dueños del Estado, siendo que son servidores público, que solo deben servir al público.
Es necesario recordarles a estos servidores públicos que no son los dueños del poder público, que el dueño del poder público, de los sagrados recursos públicos, de la gestión pública, del territorio, es el pueblo, la sociedad en general, a la cual se deben en el marco del ordenamiento jurídico. Bueno, esa es la tarea que hay que seguir haciendo.
Adiciones
Primera: Esperamos que la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general el próximo 22 de febrero de 2024.
Segunda: Las causas de la suspensión del agua en la ciudad necesita una profunda y rigurosa investigación. La solicitaremos.
Presidente Veeduría Colombia Decente
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