Tras la Ley 100 de 1993 surgieron intentos por mejorarla. El 19 de marzo de 2013, hace más de 10 años, se presentó el proyecto de reforma. Luego de mucha discusión se aprobó la reforma estatutaria, mientras la otra, la ordinaria, quedó en el olvido. Por esas calendas, quienes hoy a nombre del Gobierno están presentado el proyecto, se oponían al de ese entonces, entre otras cosas, por los mismos argumentos que hoy se esgrimen; esto es, que las EPS solo cambian de nombre.

Aún con los cambios que se le han hecho en la Cámara de Representares al proyecto inicial, sesudos expertos han esgrimido, al menos, cinco razones de peso para no apoyar el Proyecto de Ley de reforma a la salud presentado por el Gobierno.

Primero, haría insostenible todo el andamiaje financiero del sector, al dejar el sistema de salud sin los controles de costos de prestación de servicios que se han logrado desarrollar y mejorar en estos 30 años.

Segundo, que el Gobierno y su Ministerio de Hacienda aún no han presentado la viabilidad fiscal para su implementación, especialmente para los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), para el pago de la formalización laboral; pero más importante aún es que no se sabe de dónde saldrá la financiación de un plan de beneficios sin límites.

Tercero, resulta evidente la falta de capacidad de las actuales instituciones del Estado para cumplir todas las funciones que le establece el proyecto.

Cuarto, un proyecto que pretende crear un Sistema de Salud Preventivo y Predictivo hace desaparecer, de un solo plumazo, los programas de gestión integral del riesgo, que han sido y deberían seguir siendo la mejor herramienta para prevenir, manejar y predecir enfermedades.

Y quinto, al concentrar la atención en salud en hospitales públicos y entidades sin experiencia ni capacidad, como las Secretarias de Salud, llevará al paciente a consultar clínicas privadas y a usar programas de medicina prepagada, con las resultas que el enfermo y/o sus familiares tendrán que pagar, si pueden, la atención con sus propios recursos.

Además, desde la óptica del paciente y del médico, la Ley 100 decía que la relación - médico paciente debía basarse en 6 aspectos: libertad de elección, idoneidad, diálogo, empatía, continuidad y no ser influido por aspectos económicos. El proyecto de reforma actual solo logra lo que parecía imposible, esto es, empeorar aún más la relación médico - paciente.

Con los anteriores argumentos, la reforma propuesta debería ser archivada; sin embargo, mientras el Gobierno aceita la maquinaria parlamentaria e implementa una reforma exprés por fuera del Congreso, la crisis actual de la salud exige un cambio inmediato que debería surgir de una contrarreforma.

*Profesor Universidad de Cartagena.