Se volvió común en nuestro país el uso inmisericorde de las vías de hecho. Parece que es mucha la insatisfacción de la sociedad y son muy limitados los mecanismos efectivos para exigir o protestar legalmente. Una de las modalidades para llamar la atención de las autoridades y de la comunidad en general es el bloqueo de las vías públicas locales y nacionales; lo que genera traumatismos de amplias dimensiones con exagerados daños colaterales.

Hace unas semanas terminé en un trancón monumental en el corregimiento Lomita Arena, en Bolívar. Fueron al menos cinco horas de parálisis total en las que pude preguntar las razones del cerco, en esa ocasión respondía a los constantes cortes de energía. Justo por eso, aquella noche no había señal de teléfono, internet y tampoco fluido eléctrico. Al trágico episodio se le sumó un grupo de facinerosos que aprovecharon el caos y la oscuridad para hurtar las pertenencias de los desesperados conductores.

En Cartagena son famosas las manifestaciones y protestas recurriendo a los bloqueos totales de las vías. La anarquía ha sido evidente y traumática tanto en la zona turística como en la industrial y el grado de pérdidas es sumamente alto para todos los sectores. Lo que no saben los reclamantes, o quizá sí, es que cuando se realizan ese tipo de operaciones actualizan diversas conductas punibles, es decir, delitos.

No podemos normalizar acciones criminales. Estas son muy graves y transgreden el bien jurídico de la seguridad pública, pues, con ese solo actuar se ejecutan conductas punibles tales como: perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial (art. 353 C. P.), Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público (art. 353A C. P.).

Pero, más allá de quebrantar la Ley penal, están las consecuencias nefastas de estas vías de hecho. Uno de los efectos inmediatos de bloquear carreteras es el colapso del sistema de movilidad. Los ciudadanos enfrentan obstáculos para llegar a sus lugares de trabajo y servicios esenciales, lo cual no solo afecta la productividad económica, sino que también pone en riesgo la seguridad de aquellos que requieren acceso rápido para la atención médica o a vuelos nacionales o internacionales, por mencionar algunos ejemplos. Es comprensible que las comunidades expresen su frustración ante injusticias. Sin embargo, tal como lo enseñó Rousseau, “la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro”, no se puede creer que la defensa de la sociedad implique la vulneración de caros derechos de otra parte de esta. Por ello, se debe instar a las autoridades a no omitir sus funciones frente a este tipo de actos, hay que apuntar a la búsqueda de soluciones colaborativas y el diálogo constructivo, para evitar problemas subyacentes y no perjudicar el tejido social y económico de la región.

*Abogado.