En medio de los esplendores naturales y culturales de Colombia se esconde una sombra ominosa que acecha a muchas familias: el sistema de préstamos conocido como “gota a gota”. Este método, que se presenta como una solución rápida para aquellos que no tienen acceso a créditos formales, ha tejido una red de destrucción económica y social, alimentando una crisis que se extiende como una plaga por todo el país e incluso fuera de este, pues, somos conocidos como el país exportador del “gota a gota” en América Latina.
Lo que podía considerarse como una alternativa desesperada se convirtió en una trampa mortal. Los usureros que operan bajo este esquema se aprovechan de la vulnerabilidad económica, ofreciendo dinero fácil con intereses exorbitantes. Pero, lo que comienza como una solución temporal pronto se convierte en una pesadilla interminable.
En el mes de marzo se hizo noticia un hecho ocurrido en Barranquilla, donde hombres armados, en presencia de niños, destruyeron la vivienda de una mujer que no cumplió con la cuota pactada de 50 mil pesos. Pero eso no es todo, este método de préstamos ha evolucionado y sus formas de cobro, también. De acuerdo con Noticias Caracol, más de 9 mil personas denunciaron ser víctimas de aplicaciones que se dedican al préstamo de dinero, pues al momento de descargarlas acceden a toda la información personal del deudor, que posteriormente es utilizada para constreñir al pago con el cambio unilateral de las condiciones del contrato.
Estos casos ponen sobre la mesa una problemática que no es novedosa, pues desde hace muchos años se viene presentando esta mala práctica sin que se entre a regular sobre la materia. Lo más cercano a una intervención judicial fue la sentencia T-584 de 2023, en la que Corte Constitucional exhortó a la Superintendencia de Industria y Comercio a regular las estrategias de cobro de las aplicaciones de préstamo.
Eso evidentemente no es suficiente. El origen de esta crisis es la miseria, la cual se enfrenta a la realidad de que el sistema bancario está diseñado para prestarle a quien demuestra tener ingresos y no realmente a quien necesita, lo que obliga a muchos a recibir dineros de la informalidad. Por ello la solución es la solidaridad estatal e individual.
Por un lado, que el Gobierno erradique la miseria con la ampliación del acceso a préstamos formales, apoyo al emprendimiento y creación de oportunidades laborales dignas. Y, por el otro, que se deje de creer que esto no nos compete como ciudadanos; cuando tenemos algunos privilegios adquirimos el compromiso de ser solidarios con la humanidad, por ello también estamos en la obligación de apoyar al prójimo cuando resulte posible y necesario. De esta manera, se garantiza el fin de este negocio que, en su gran mayoría, tiene una estela de criminalidad en todas sus dimensiones.
*Abogado.
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