La oposición irracional que unos pocos promueven contra el modelo de APP, único instrumento efectivo que tenemos para construir, mantener y operar la infraestructura que necesitamos, ya comenzó a hacer efectiva la amenaza de lanzar por el abismo todo el sistema de concesiones viales del país, lo que tendría unos costos sociales y económicos incalculables para el país.
El ministro de Transporte, William Camargo, ha anunciado la terminación anticipada del contrato de concesión de “Autopistas del Caribe”, corredor de carga que conecta a Cartagena con Barranquilla y cuyo modelo financiero no cerró debido al no cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra, que representaban un recaudo mensual aproximado de $13.000 millones de pesos. Aquí los responsables son quienes irracionalmente se opusieron al pago de los peajes y a todas las propuestas de la ANI y del concesionario para superar ese obstáculo y otorgarles otros beneficios a los habitantes de dichas poblaciones.
Y también quienes cedieron ante presiones carentes de fundamento técnico, jurídico y financiero. El proyecto tenía un costo de $4,3 billones de pesos, divididos entre $1,5 billones en inversión y $2,8 billones de pesos en operación, y comprendía la construcción de 74 Km de segunda calzada, 20 km aproximadamente en variante, 8 intersecciones entre nivel y desnivel, 16 puentes peatonales, y el mantenimiento y operación de 253 km origen – destino. Y hacía parte del programa 4G que requiere una inversión de 50 billones de pesos en CAPEX y otros $2 billones de pesos anuales para el OPEX de los 11.000 kilómetros de toda esta red vial, desafío que no puede ser asumido por la Nación y de ahí que el sistema de concesiones sea la única posibilidad que tenemos para financiarlo.
Algo similar pasa en la Autovía Bucaramanga-Pamplona, contrato de concesión que está próximo a ser liquidado anticipadamente por la dificultad que ha tenido su originador para ingresar maquinaria hasta una zona rural de Floridablanca ante la oposición de los dueños de los predios. Ahora que es inminente su cancelación, los líderes políticos y la comunidad sí reclaman su salvación.
No ha sido posible que los opositores a este modelo entiendan que pagar peaje es un buen negocio porque las nuevas vías mejoran la conectividad y generan ahorros en tiempo de viaje, combustible y mantenimiento en los vehículos, dado que permiten avanzar más rápido y con mayor seguridad y tener la atención oportuna de los concesionarios en caso de un accidente o daño del automotor. Nada de esto tendremos al caerse esta APP. Por el contrario, en poco tiempo sufriremos el deterioro acelerado de este corredor de carga, vital para la operación logística y comercial de las dos principales capitales del Caribe. Y, además, se perderán miles de empleos directos en el contratista y en su cadena de proveeduría, y se cercenarán las posibilidades de impactar la economía de los municipios localizados a lo largo de esta vía. Los promotores de los comités contra los peajes saldrán a proclamar una victoria que es realmente una derrota porque se continuará pagando el derecho a usar este corredor, esta vez al INVÍAS, que si por algo se caracteriza es por no construir vías en los tiempos que las requerimos, ni mantenerlas en las condiciones adecuadas. Irresponsabilidad de unos pocos que destruye el patrimonio de todos y nos puede condenar a ahuyentar la inversión privada y condenarnos como Nación a la pérdida de competitividad.
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