Universidad pública: filtro y sostén de la genuina democracia, en peligro de extinción desde cuando implantaron en su alma la Ley 30 de 1992 o ‘Autonomía universitaria’, veneno neoliberal convirtiéndola en oficina de negocios.

Esta es la historia en cuatro palabras: el Artículo 69 de la Carta Política otorgó autonomía a las universidades para elegir directivas, redactar estatutos y régimen interno; designación, periodo de directivos, administradores, selección de estudiantes y profesores, exonerándola del régimen de contrataciones estatales –¿esquince a la Ley 80 de 1993?–, exponiéndola a pisotear valores supremos: transparencia, economía, responsabilidad, publicidad..., desnaturalizando su esencia, convertida en business de insaciables y maquiavélicos cocodrilos.

Por fuera del Estatuto General de Contratación Pública (EGCP) –Artículo 28 de la Ley 30 de 1992–, las instituciones de educación superior, públicas o privadas, recibieron gabelas para gestionar y distribuir, autónomamente, sus recursos en cumplimiento del objeto social y función institucional; sin embargo, los artículos 57 y 93 las exoneran de licitaciones públicas, contratando a través de régimen especial, bendecido por Consejo de Estado y Corte Constitucional, apegadas al derecho civil y comercial, disposiciones distintas a las consagradas en el EGCP, salvo régimen de inhabilidades e incompatibilidades, respetando principios de la función administrativa y gestión fiscal –Artículo 13 de la Ley 1150 dse 2007–.

Por fortuna a la autonomía universitaria le implantaron riguroso filtro que garantizaría trasparencia: el Consejo Superior, máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, integrado por el Presidente de la República y el Ministro de Educación Nacional o sus delegados; Gobernador, representantes de estudiantes, egresados y exrectores, Rector en ejercicio con voz, pero sin voto, investidos de facultades para aprobar/denegar iniciativas, seguimiento al plan de desarrollo, ejecución presupuestal; obligados, cada uno de ellos, a responder ante la ley y la comunidad tanto por aciertos como por irregularidades.

Lastimosamente, en todo el país, durante los 32 años de vigencia de la Ley de Autonomía Universitaria, ocurrieron escándalos juridiciales y financieros de grueso calibre, desnaturalizando la esencia del alma mater: educación, ciencia y conciencia social, jamás ‘supermercado’ u oficina de negocios, herencia neoliberal y su implacable ley de oferta@demanda.

En medio de tortuosos caminos, viene bien recordar a los maestros Alberto Carmona y Juan Arango, rectores pulcros e inolvidables de la Universidad de Cartagena. El doctor Carmona, al entregar la Rectoría, devolvió hasta el ‘Kilométrico’ que llevaba en su guayabera y aparecía en el inventario, mientras Juancho Arango, genial y repentista, citó lideres estudiantiles a su despacho: - “¡Requísenme!”, nos dijo alzando los brazos.

- “De la Universidad solo me llevo la úlcera péptica”.

En honor a la verdad, el problema no es de leyes, sino de seres humanos, como también es cierto que una gota de tinta enturbia todo el cántaro de leche.