Aún quedan algunos soñadores que ponen el grito en el cielo, o en el infierno, rechazando las subastas de niños, convencidos que nada pasa con estos depravados que se marchan tranquilos, testes desocupados y braguetas pestilentes, dispuestos a regresar, cuanto antes, con su insaciable jauría.

Reconocemos que el doctor Dumek Turbay Paz, desde el primer instante como alcalde de Cartagena, enfrentó el comercio de niños y jóvenes en la nueva Sodoma. No es tarea fácil: los delincuentes y, sobre todo, los padres de familia, se lucran de la esclavitud sexual de sus hijos con tal de tener los bolsillos repletos disfrutando su perversión y flojera al son de la champeta. Es tan promisorio el negocio que Medellín, junto a docenas de ciudades colombianas, compiten con nosotros por el liderato de la pedofilia, imitando a los esclavistas del siglo XVI con la diferencia que, españoles, holandeses y portugueses negociaban africanos, ahora son los propios progenitores quienes alquilan o venden a sus hijos como juguetes sexuales, sin miga de remordimiento, 99,9% de impunidad. Por fortuna el país se conmovió con la historia de las jovencitas paisas –12 y 13 años– entregadas al bellaco norteamericano Timothy Alan Livingston, llevadas al matadero de cinco estrellas en el exclusivo barrio El Poblado. A los cartageneros les salieron cayos en la conciencia mientras los paisas se escandalizaron al percatarse que, semejante delito contra la dignidad del ser humano, fue documentado –cámaras de seguridad de alta definición–, denunciado por un ciudadano que no soportó semejante cargo de conciencia.

Capturado in fraganti, minutos después fue liberado y, sin pantaloncillos ni pérdida de tiempo, retornó tranquilo a su país. Ahora, en arranque de patriotismo, piden extraditarlo y uno no sabe si reír o llorar, preguntando ingenuamente: ¿Dónde estaban los padres de estas niñas? Seguramente contando fajos de dólares, tomando aguardiente y entonando rancheras. Sin duda alguna, son ellos los verdaderos malhechores, por lo que, a la propuesta legislativa de la senadora Nadia Blel Scaff, endureciendo penas a los abusadores de niños, deberían quintuplicar los castigos a sus malvados progenitores obligados, por ley y natura, a protegerlos, no a subastarlos, inculcándoles, desde la cuna que ‘Dios lo puso en el medio pa’ tu remedio’.

Ellos saben que, cuando estos niños y jóvenes pierden su atractivo en el comercio sexual, los descuartizan y venden sus víceras al mejor postor. Se estima que el comercio ilegal de órganos humanos representa alrededor de USD 2,7 mil millones, producto de 12.000 trasplantes anuales con trámite irregular.

Colombia lidera, junto a Pakistán y Ecuador, tan macabro negocio. Crimen perfecto: nadie los llora, mucho menos los extrañan.