Nuevamente se agita la bandera federalista en Colombia. Distintas personalidades han argumentado que el centralismo fracasó y que es el momento para adoptar un modelo federalista. Estoy de acuerdo que el centralismo vigente debe ser revisado para consolidar la república unitaria descentralizada consignada en la Constitución Política de 1991, pero dudo si el camino adecuado es una república federal.

El aspecto fundamental en un esquema descentralizado es la autonomía de los territorios para tomar sus decisiones de ingresos y gastos. Esto no necesariamente lo garantiza el federalismo porque dependerá del sistema de distribución de los ingresos fiscales que se definan. Por ejemplo, si cada departamento recauda los tributos en su jurisdicción, seguramente aquellos con mayor capacidad recaudatoria, que son los que tienen más desarrollo relativo, serán los grandes beneficiarios del modelo.

Esta es una de las grandes paradojas del federalismo que promueven algunos dirigentes políticos de las regiones rezagadas, pues serán las más prósperas las que precisamente podrían obtener más beneficios de dicho modelo. Es razonable que Antioquia promueva el federalismo con una total autonomía territorial del recaudo, eso le conviene porque tienen bases tributarias fuertes.

No necesariamente lo opuesto al centralismo es el federalismo. Los países se debaten entre un manejo unitario donde el Gobierno nacional es fuerte versus un régimen federal en el cual los gobiernos locales e intermedios juegan un papel importante. En cualquiera de los dos sistemas, la autonomía territorial puede verse restringida si no cuentan con los recursos para atender las necesidades de la población.

Una de las ventajas del modelo unitario descentralizado es que se pueden adoptar esquemas de redistribución de recursos de las regiones prósperas a las rezagadas. Esto se logró con las transferencias de la Constitución Política de 1991, la cual establecía que cerca de la mitad de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) debían ser trasladados a los municipios y departamentos teniendo en cuenta criterios redistributivos.

Sin embargo, desde la creación del Sistema General de Participaciones en 2001, se han hecho cambios de política que han limitado la autonomía de las entidades territoriales para manejar esos recursos. No solo es el monto, que actualmente no supera el 25% de los ICN, sino que el Gobierno nacional es quien toma las decisiones de gastos, por ejemplo, sobre salarios de los docentes que negocia con Fecode o los recursos de salud que administra a través de la Adres.

El esquema unitario descentralizado actual puede ser adecuado si el Gobierno nacional respeta los recursos y competencias asignados a cada nivel de gobierno. Las funciones redistributivas de las transferencias y la autonomía de las entidades territoriales deben garantizarse para lograr la descentralización que necesita el país.