El último impulso a la descentralización colombiana fue dado por la Constitución Política de 1991, donde se estableció que Colombia era un país unitario descentralizado y se asignaron competencias a los gobiernos locales, las cuales fueron mayoritariamente financiadas con transferencias del gobierno central. Con el paso de los años, sin embargo, se ha observado un cambio en esta dinámica, con una tendencia hacia la recentralización de las decisiones de gasto.

Uno de los cambios más importante fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que creó el Sistema General de Participaciones (SGP). Esta norma modificó la forma de determinar el monto de las transferencias a los municipios y departamentos. En la nueva reglamentación, las transferencias no serían un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, sino que crecerían al ritmo en que lo harían estos en los últimos cuatro años. Como resultado, las transferencias pasaron del 46,5% planteado originalmente en la Constitución a cerca del 22%.

Más allá del monto de los recursos, uno de los aspectos fundamentales es la toma de decisiones sobre su uso. En este frente se han dado reformas y disposiciones administrativas que han restado la discrecionalidad presupuestal de las entidades territoriales. El grueso del SGP está dirigido a educación (58,5) y salud (24,5%), es decir el 83% de las transferencias.

En educación alrededor del 80% se destina al pago de la nómina de maestros. En la medida en que la negociación de los salarios la realiza el Gobierno nacional con Fecode, lo que se ve en la práctica es que el nivel central define un gasto que se financia con recursos de los municipios y departamentos, quienes se convierten en unos pagadores de la nómina. Este rubro ha crecido reduciendo aquellos destinados a calidad educativa, que están bajo el control de los gobiernos locales.

En salud, la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 creó la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Se estableció que los recursos del SGP en salud, anteriormente administrados por las entidades territoriales para subsidios a la demanda y al Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), debían ser manejados por la nueva entidad. Además, los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar a cargo de Coljuegos, que eran propiedad de las entidades territoriales para financiar el aseguramiento en salud, serían también administrados por la ADRES.

Aun cuando los fondos para salud y educación se contabilizan individualmente a nombre de las entidades territoriales, en la práctica estas no tienen injerencia en el manejo de gran parte los recursos y, por el contrario, es el Gobierno nacional quien toma las decisiones. Al final existe una recentralización del manejo del gasto público del país, lo cual lleva a preguntarse si realmente existe una descentralización en Colombia.