Antes de responder a la pregunta ¿De quiénes depende que bajen las tarifas de energía en la costa Caribe?, recordemos por qué subieron.

He insistido, por lo paradójico, en decir que varios de los líderes regionales que hoy participan de la protesta regional, que convocan a cumbres y corean el pegajoso vallenato que dice Afinia me tiene loco y me va a matar, son los mismos que participaron hace un poco más de tres años en la ‘solución’ del mal servicio de energía, pero cuyas medidas adoptadas en el noble propósito generó el alza de las tarifas.

El Congreso de la República sentó las bases en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG expidiera las normas regulatorias de carácter especial y transitorio para que se cobraran las pérdidas de energía técnicas y no técnicas, se permitiera un cobro adicional por el riesgo de la cartera por los impagos y un cargo adicional para reconocer las inversiones de la infraestructura de distribución.

La razón de incluir esas variables, lógico, fueron determinantes para la entrada de los operadores Aire y Afinia. No obstante, ese esquema que significaría un cierre financiero con rentabilidad no previó que el complejo mercado de la Costa no respondería como se esperaba con el pago del servicio para generar los recursos suficientes que le permitieran asumir las inversiones y honrar los créditos. A este ejercicio se sumó la fuerte inflación y, en los últimos meses, los altos costos de la energía por el fenómeno de El Niño.

Para aliviar ese impacto tarifario en el bolsillo de la gente, se han presentado al Gobierno nacional alternativas por los diferentes grupos de interés y ellas son contundentes en afirmar que se necesita un apoyo a las fuentes de financiación que en estos momentos provienen solo del recaudo y algunas coinciden en que estos ingresos se podrían obtener de recursos de la Nación o de regalías o del cobro de las pérdidas de energía en todos los usuarios y empresas del sistema eléctrico nacional.

En esos escenarios, la solución no depende de una sola persona o instancia. A la propuesta de incrementar los subsidios a los estratos del uno al tres de 173 kilovatios a 250, el competente para adicionar gastos en la ley del presupuesto nacional sería el Congreso de la República, igualmente para destinar recursos de la nación o de regalías para financiar las obras de infraestructura eléctrica. En el caso de cobrar las pérdidas de energía socializando a todos los usuarios o empresas a nivel nacional, la competencia la tendría la CREG.

El problema entonces es que no vemos que el tema de las altas tarifas de la Costa, hasta ahora, esté en las prioridades de la agenda pública, puesto que no hay proyectos de ley ni normas regulatorias en ese sentido.

Más allá de las discusiones sobre quiénes asisten o faltan a las reuniones en Sincelejo, Barranquilla o Cartagena, sabemos que en esos escenarios no se toman decisiones. Luego entonces, nuestros líderes regionales deberían enfocarse en exigir que las autoridades competentes materialicen las propuestas porque el recibo de la luz seguirá llegando mes a mes y la gente desesperadamente entonando el vallenato del maestro Iván Villazón.