Recién, varios medios de comunicación de Cartagena informaron que la tarifa mínima en mototaxi aumentaría de tres mil a cuatro mil pesos. Sin embargo, a través de uno de los líderes del gremio, se aclaró que esta información era falsa. Reconoció que, al tratarse de un servicio informal, la tarifa se acuerda entre el usuario y el mototaxista. “Es decir, si el pasajero va a una distancia corta y pide que lo lleven hasta por 2 mil pesos, el mototrabajador decide si acepta o no. Es muy importante que el parrillero, antes de subirse, pregunte por el valor de la carrera para que luego, al llegar a su destino, no se sienta estafado”, recalcó.

Preguntar antes de consumir un producto o servicio se ha convertido en una obligación, especialmente para los turistas, para evitar sorpresas desagradables en los costos. Por ejemplo, si va a la playa y le ofrecen una carpa, es mejor preguntar antes de sentarse por el costo de disfrutar de un poco de sombra. Si alguien se acerca para darle un masaje, no permita que continúen hasta que le den el precio. La mayoría de las noticias desafortunadas sobre abuso de precios en la ciudad han ocurrido cuando ponen en manos del consumidor un papel arrugado con los valores escritos a mano. Uno de los cobros más excesivos fue en agosto de 2022, cuando a una pareja de ecuatorianos les cobraron $2 millones por un par de mojarras.

“Preguntar antes de...” es una costumbre imperante en nuestra cotidianidad, que actúa como un escudo protector contra prácticas engañosas y abusivas, ya sea en negocios u oficios legales, regulados o no. Este comportamiento se refleja incluso en el servicio de taxis, que, a pesar de tener una tablilla de precios decretada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) que debe estar visible en el vehículo, a menudo resulta ser un saludo a la bandera. Algunos taxistas, aprovechando la ausencia del taxímetro, deciden el valor de la carrera, a menos que accedan al “regateo” del usuario, quien ve ensombrecida su experiencia por la falta de aplicación efectiva de estas normativas.

El no contar con precios claros no solo impacta la relación entre consumidores y prestadores de servicios, también socava la confianza y la integridad de la comunidad. En un entorno donde la transparencia debería ser la norma, la confusión persistente con las tarifas crea una incertidumbre financiera para los usuarios. La Alcaldía debe asumir su papel de garante de la transparencia y equidad en los servicios locales para que “preguntar antes de...” deje de ser una estrategia forzosa de autoprotección del bolsillo. Esto va más allá de promulgar normativas; implica la implementación efectiva y la supervisión constante para garantizar que los consumidores tengan acceso a información clara y tarifas justas. Ahí está el reto.

*Periodista y Profesor. Magíster en Comunicación.