Cartagena parece que desde el descubrimiento del galeón, poco o nada le ha interesado conocer las intrigas y tejemanejes del salvamento. En el Museo Naval se llevó a cabo el Simposio Internacional “Perspectivas y desafíos en la investigación del hallazgo del galeón San José”, organizado por el Ministerio de Cultura, un foro en el que brillaron por su ausencia los cartageneros, excepto por la presencia de unos cuantos.

Otra muestra del desinterés por todo lo que ocurre alrededor del naufragio fue el sucedido en el gobierno del alcalde William Dau, cuando en 2021 el Comité Técnico de Patrimonio aprobó por unanimidad declararlo BIC Distrital. En consecuencia, la recomendación fue remitida al despacho, pero desafortunadamente hizo oídos sordos de ella.

Ojalá el alcalde Dumek Turbay tenga conciencia de la importancia del asunto, y lo declare BIC Distrital.

En fin, las expectativas del rescate continúan. Circunstancias interminables aún mantienen el pecio a 600 metros de profundidad, rogando, con el credo en la boca, que no lo hayan saqueado.

En el evento se pusieron a flote las tormentas jurídicas que se han cernido siempre sobre el hundimiento, como son, la inmunidad soberana de España, la disputa de la SAA ante la Corte Permanente de Arbitramento, el embargo de Barranquilla y otras tantas borrascas que producen desazón.

Hasta Bolivia vino a reclamar. La etnia Qhara Qhara, asentada territorialmente sobre las minas de Potosí, siempre ha reclamado el oro y la plata sacada en la colonia. Según ellos, son herederos del botín, y tienen derecho a la repartija basados en la narrativa del valor “ancestral” del tesoro, palabreja por la que activistas pretenden reclamar lo que fue de sus antepasados.

De la reunión, aparte de las exposiciones técnicas y metodológicas debatidas por expertos, salieron dos cosas importantes para mi concepto. La primera, lo expresado por el ministro de Cultura, de presentar un proyecto de ley para derogar el párrafo tercero del artículo 3° de la Ley 1675 de 2013 sobre Patrimonio Cultural Sumergido. Desaparecerá entonces el criterio de repetición, posibilidad que permite comercializar elementos duplicados del naufragio, como pueden ser monedas, lingotes o piedras preciosas. El absurdo acápite fue permitido por la ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba, en el gobierno de Santos.

La segunda es la carga de profundidad que en pleno Museo Naval arrojó la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, la que a través del arqueólogo Juan Guillermo Martin, criticó el Plan de Manejo Arqueológico, señalando inconsistencias, vacíos y pendientes jurídicos en él. Alza así su voz la academia, la que por su experticia se debe analizar y valorar.