El pasado 1 de enero se posesionaron 1.102 alcaldes y 32 gobernadores a lo largo y ancho del país. Por estos días en medios locales y nacionales se registran como común denominador, en las prioridades de las administraciones territoriales, temas como seguridad y pobreza. Las administraciones locales requieren discusiones profundas sobre la garantía de derechos humanos de manera equitativa y oportuna, sobre todo desde las demandas particulares de los territorios.
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana Comparada (EPCC) de la Red de Ciudades Cómo Vamos, para 2022, Cartagena (48,27%), Cali (44%) y Bogotá (37,34%) encabezaban la lista de ciudades capitales con mayor porcentaje de población que se siente insegura en su ciudad. En términos de pobreza, según el DANE, en 2022 el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para el país era de 12,9%. Menos que en 2021 (16,0%), pero aún en una cifra de dos dígitos. Este promedio lo jalonan las regiones Caribe (21,4%) y Pacífica (20,7%).
En un contexto como este, vale la pena que ambos temas sean analizados y abordados en contexto y no de forma aislada. Esto pasa por plantear alternativas estructurales y sostenibles, incluso cuando no tengan un efecto visible inmediato o cuando no sean, necesariamente, las más populares. En términos de política pública, según la reciente colección sobre derechos humanos por la igualdad socioeconómica de Dejusticia, hasta el momento las aproximaciones en Colombia han tendido a asumir la desigualdad como un asunto macroeconómico. Con ello, las implicaciones sociales y políticas también han tendido a ser minimizadas. Es decir, la relación entre desigualdad y derechos humanos se pierde en el abordaje de política pública y, con ello, en el debate público.
Entender la pobreza implica entender la desigualdad socioeconómica. Siguiendo al nobel de economía, Amartya Sen, ambas van mucho más allá de las diferencias en el ingreso. Porque, de hecho, al concentrarnos sólo en la dimensión monetaria, estamos omitiendo las diferencias estructurales que pueden haber en un contexto por las características propias de cada persona. Como, por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad crónica no transmisible debido a una alimentación inadecuada en un adulto mayor que habita en zona rural; o la maternidad no deseada en una adolescente negra del área corregimental de una ciudad o municipio del país. Estas situaciones determinan, en gran medida, las oportunidades de vida, la cobertura de necesidades básicas y los recursos mínimos para acceder a bienes y servicios. Además, acentúan la vulnerabilidad de quienes las padecen reduciendo los niveles de satisfacción de sus derechos.
Durante los próximos meses, las nuevas administraciones municipales, distritales y departamentales estarán trabajando en la estructuración de los diferentes planes de desarrollo que harán tangibles las propuestas con las que se eligieron los mandatarios. Este es un buen momento para delimitar, en un contexto real, los que serán los objetivos, metas y programas de cada gobierno territorial. No es un desafío menor armonizar las dinámicas económicas y sociales con las condiciones naturales y capacidades del territorio. Y, con ello, tampoco es un desafío menor gestionar de forma eficiente recursos tangibles e intangibles para dar respuesta de manera efectiva y oportuna a las demandas de sus habitantes.
*Investigadora de Dejusticia
Administraciones locales, planes de desarrollo y derechos humanos
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15.01.2024
El pasado 1 de enero se posesionaron 1.102 alcaldes y 32 gobernadores a lo largo y ancho del país. Por estos días en medios locales y nacionales se registran como común denominador, en las prioridades de las administraciones territoriales, temas como seguridad y pobreza. Las administraciones locales requieren discusiones profundas sobre la garantía de derechos humanos de manera equitativa y oportuna, sobre todo desde las demandas particulares de los territorios.
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana Comparada (EPCC) de la Red de Ciudades Cómo Vamos, para 2022, Cartagena (48,27%), Cali (44%) y Bogotá (37,34%) encabezaban la lista de ciudades capitales con mayor porcentaje de población que se siente insegura en su ciudad. En términos de pobreza, según el DANE, en 2022 el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)........
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