Bajo la sombra del quiosco central de la ranchería Wayuu José Rafael de las Calles, en la media Guajira, se encuentra gran parte de la comunidad reunida. Conversan sobre cómo su territorio fue reconocido como zona de influencia de un proyecto de transición energética desde el inicio del proceso de consultas previas con las comunidades. Reconocerlo como zona de influencia se traduce en la delimitación geográfica sobre la que se ejecuta el proyecto y sobre la que se reciben los impactos que este genera. Este reconocimiento les implicaría, más adelante, una compensación económica. Sin embargo, el reconocimiento por parte de la institucionalidad, encabezada por el Ministerio del Interior y la empresa a cargo del proyecto, suele ser en muchos casos objeto de disputa entre las comunidades impactadas pues no toma en cuenta la estructura organizativa de esta comunidad.
En un análisis muy reciente, Dejusticia puso de presente la importancia de comprender los sistemas asociativos y familiares del pueblo Wayuu para garantizar que las decisiones y procedimientos en proyectos de infraestructura energética y similares, se adopten teniendo en cuenta su derecho propio. Esta comprensión pasa por la necesidad de caracterizar a las familias Wayuu de acuerdo a su pertenencia a clanes y ascendencia matrilineal. No en vano, en el sistema normativo Wayuu existe una clara distinción entre quienes son dueños del territorio y aquellos que viven en el territorio, pero no tienen derecho sobre él. Son dueños aquellos que, según su ascendencia matrilineal, heredan el territorio de sus madres y son estos quienes pueden decidir y negociar en un contexto como este. Al no hacerlo de esta manera, se trasciende en conflictos interclaniles.
Entender el territorio desde el pensamiento Wayuu es vital, no sólo para superar la crisis humanitaria que actualmente padece esta comunidad. Lo es también para comprender que al momento de concebir, diseñar y ejecutar un proyecto, nos encontramos en el territorio de un pueblo con tradiciones ontológicas y cosmogónicas que regulan sus relaciones en diferentes dimensiones. La complejidad radica entonces en poner a dialogar una tradición histórica y ancestral con una visión moderna de desarrollo.
Reducir entonces la discusión de las causas de disputas alrededor de los proyectos de parques eólicos en La Guajira al mero reconocimiento institucional, resulta reduccionista e insuficiente. La cuestión va mucho más allá. Nos encontramos frente a comunidades con especial protección constitucional en virtud del principio de respeto a la diversidad étnica. Los pueblos indígenas en Colombia, y en particular el Wayuu, han resistido procesos históricos de colonización. Que no se nos olvide que su estancia y permanencia en el territorio es de mucho antes que empezáramos, siquiera, a concebir a Colombia como Estado.
No comprender esto podría llevarnos, inevitablemente, a recaer en acción con daño por parte del Estado y la empresa privada. Pasar por alto estas complejidades constituye una afrenta a las demandas históricas del pueblo indígena Wayuu. Es desconocer su preexistencia al Estado y a los procesos de colonización. Es, en últimas, recaer en prácticas sistemáticas de desposesión y racismo estructural.
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