En los territorios de Colombia, la inseguridad ciudadana no es el único tipo de inseguridad por combatir. En nuestra columna anterior resaltamos la necesidad de generar, desde las administraciones locales, discusiones profundas sobre la garantía de derechos humanos de manera equitativa y oportuna, a partir de las demandas particulares de los territorios. Pusimos sobre la mesa la importancia de entender que la desigualdad socioeconómica va más allá de las diferencias en el ingreso, porque al concentrarnos en la dimensión monetaria omitimos aspectos que revelan condiciones estructurales más profundas. Uno de ellos es la inseguridad alimentaria que requiere una respuesta más profunda por parte de las administraciones locales. En ella se hacen palpables estas condiciones estructurales.

La seguridad alimentaria es entendida como la situación en la que las personas tienen acceso físico y económico a alimentos sanos e inocuos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana. Con ello, no basta con tener alimentos disponibles, ni tampoco con tener los recursos económicos suficientes para obtener alimentos adecuados y una alimentación nutritiva. También es importante darle un uso apropiado a los alimentos a partir del conocimiento de la nutrición.

De acuerdo con los resultados de la medición de la inseguridad alimentaria obtenidos por el DANE en su Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2022, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares colombianos fue del 28,1%. La ubicación geográfica es una variable que particulariza los resultados. Si comparamos la prevalencia de la inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales con respecto a las áreas rurales, centros poblados y rural disperso; los resultados muestran que 27 de cada 100 hogares urbanos experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. En hogares rurales la prevalencia se acentúa con 33 de cada 100 hogares en esta situación. Si analizamos los resultados por departamentos, La Guajira (59,7%), Sucre (47,9%), Atlántico (46,1%), Magdalena (45,3%), Chocó (43,2%) y Cesar (41,1%) presentan una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. Dicho de otra forma, en estos departamentos en promedio, 47 de cada 100 hogares experimentaron dificultades para acceder a alimentación en cantidad y calidad suficientes.

En un contexto como este, vale la pena que las agendas municipales, distritales y departamentales que inician por estos días, contemplen en su planeación una visión integral y garantista de la seguridad alimentaria. Esto pasa por reconocer que su contenido varía de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada persona. Pero también el rol tan relevante que juega la soberanía alimentaria en el desarrollo de las políticas. En otras palabras, tener en consideración las dinámicas inherentes a la ubicación geográfica, las estructuras sociales y la aceptabilidad cultural de las comunidades. Por ello, incorporar saberes tradicionales de las comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y raizales es clave. De este modo, los territorios podrían avanzar hacia una alimentación real que potencie sus propias realidades. En medio de los retos y desafíos que esto pueda implicar, se estaría apuntado de fondo, a una alimentación real, equitativa y sostenible.

(*) Investigadora de Dejusticia.