En los planes de desarrollo locales que se formulan por estos días, el derecho a la cultura no debería ser un tema secundario. De hecho, para apuntar a temas prioritarios en las agendas locales, tales como la pobreza y la inseguridad ciudadana, la cultura y sus manifestaciones podrían constituir una herramienta para abordarlos. Vale la pena analizar la manera como se percibe la satisfacción de este derecho en las principales ciudades del país. No en vano, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la participación en la vida cultural de la comunidad como un derecho humano.
Según la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana Comparada (EPCC) de la Red de Ciudades Cómo Vamos, al preguntarle a los encuestados qué tan satisfechos estaban con la oferta cultural que hay en su ciudad, los porcentajes de insatisfacción más altos los reportan Cartagena (23,40%), Barranquilla (16,64%) y Pereira (16,43%). Por el contrario, los porcentajes más altos de satisfacción los reportan Medellín (71,28%) y Manizales (59,15%). Los resultados en estas ciudades capitales son, quizás, un reflejo de la manera como allí se concibe y se gestiona la cultura. En el caso puntual de Cartagena, al preguntarle a los encuestados en cuál o cuáles de las actividades culturales realizadas durante el 2022 participaron, el 44% aseguró no haber participado en ninguna actividad cultural. Este resultado en particular implica un reto importante para vincular a los habitantes de la ciudad en la oferta local. Pero, además, que esa oferta local tenga en cuenta sus necesidades y, por qué no, los activos y capacidades culturales de la misma ciudad.
En medio de este reto, la cultura es un elemento determinante en la comprensión de un contexto y su historia al corresponder con la capacidad de interpretar y simbolizar el entorno físico y social. En específico, frente a temas priorizados en las agendas nacional y locales como la pobreza y el desarrollo sostenible, las relaciones entre cultura y desarrollo que se han planteado desde diferentes investigaciones y reflexiones, se hacen cada vez más palpables.
Por esto, al momento de trazar la que será la hoja de ruta sobre cultura para los próximos 4 años en los territorios, no solo debe tenerse en cuenta el acceso a la oferta cultural, sino también la manera en que se está planteando dicha oferta. Esto pasa por contar con una caracterización precisa y actualizada del sector cultural en el municipio, ciudad o departamento; así como trabajar de la mano con quienes de manera permanente se esfuerzan por proteger, dinamizar y potenciar la vida cultural. Los gestores culturales, y el reconocimiento justo a su trabajo, son fundamentales en este proceso. Pero también lo es la planeación de iniciativas sostenibles y respetuosas del acervo cultural de las comunidades.
No es un desafío menor articular las demandas sociales y económicas de un territorio con la salvaguarda y fomento de su memoria viva, saberes y patrimonio cultural. Y, con ello, tampoco es una tarea menor administrar eficientemente recursos tangibles e intangibles en medio de múltiples prioridades. En últimas, estamos hablando de satisfacción de derechos humanos.
(*) Investigadora de Dejusticia.
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