Tenemos nuevo Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023; el cual vale la pena revisar para saber cómo vamos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencial mundial de la vida’.

El documento refleja que, pese a que se ha dado una disminución en algunos indicadores de violencia en 2023, continúa el riesgo a la supervivencia física y cultural de muchos pueblos, por el accionar de las diferentes organizaciones criminales contra la población civil. Por ejemplo, se logró la verificación de 98 masacres, lo que se traduce en un incremento de 6,5% respecto del 2022. En cuanto al desplazamiento en el 2023, padecieron este flagelo aproximadamente 62.967 personas, lo cual presentó una disminución del 22,9% respecto del año anterior.

Disminuyeron en 5,9% respecto a 2022, los asesinatos de exintegrantes de las Farc, con un total de 48 casos. En cuanto a las violencias basadas en género, la situación sigue siendo muy grave, dado que persisten delitos como la explotación sexual de mujeres por parte de grupos armados no estatales, como otra forma de control social que ejercen en los territorios. Feminicidios, violencia sexual, tratos inhumanos contra mujeres acusadas de ser pareja de miembros de grupos rivales o de integrantes de la Fuerza Pública.

Amenazas, desplazamiento o violencia contra personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o identidad de género; y por lo memos 134 casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Por todo esto es fundamental que el Gobierno acate lo recomendado en el informe, en cuanto a que se debe garantizar una presencia integral institucional en puntos estratégicos del país, con el fin de recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados.

Respecto a los escenarios de diálogos o negociaciones de paz que se adelantan con grupos al margen de la ley, que se garanticen espacios eficaces para que la población civil pueda expresarse y presentar propuestas e iniciativas frente a los temas de seguridad humana y paz territorial; para finalmente, y no menos importante, “incluir como un punto central en los diálogos y/o negociaciones con actores armados, el cese de acciones que atenten contra los derechos de la población civil, en particular el reclutamiento infantil y la violencia basada en género”. Los cuerpos de las niñas y mujeres siguen siendo armas y territorio de guerra, y a la fecha no se evidencia que el cese de estas atrocidades sean exigencias o presupuestos mínimos para la construcción de Paz.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial.