El Programa de Alimentación Escolar (PAE) busca brindar un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes estudiantes oficiales financiado con recursos públicos; pero en realidad es el único alimento que reciben millones de niños que viven en condiciones económicas muy difíciles. Una estrategia valiosísima porque ¿cómo estudiar con hambre? ¿Y cómo mejorar la calidad de vida de los colombianos sin un proceso de formación y crecimiento saludable? Y pese a la vital importancia del PAE, este programa sigue teniendo muchos desafíos, amenazas y fracasos. Recientemente, el defensor del pueblo alertó sobre el pésimo estado de este programa en algunos departamentos, como por ejemplo: Chocó y Boyacá, sin agua potable; en Atlántico, excrementos de animales en los lugares de preparación y almacenamiento de los alimentos; en Córdoba se suspendió desde el 30 de mayo del 2023, afectando a 156.690 estudiantes; así como siguen abriéndose diferentes investigaciones por el incumplimiento o ineficiencia que las alcaldías han presentado en la prestación del servicio. ¿Cómo podemos ayudar a que el PAE funcione de manera transparente, y en beneficio de nuestros niños? La ley ha establecido el deber de implementar el Comité de Alimentación Escolar en cada uno de los establecimientos educativos, en los cuales debe participar el rector de la institución, 3 madres o padres de familia, el personero estudiantil, dos niñas o niños beneficiarios del programa y que como espacio de participación ciudadana puede ejercer control social durante la planeación y ejecución del PAE. Sin embargo, lo que puede verificarse en la práctica es que en algunas instituciones es completamente inoperante, desperdiciando la comunidad educativa una oportunidad fundamental de control. Las veedurías ciudadanas también cumplen un papel determinante en este asunto, ya que la ley les permite ejercer vigilancia sobre la gestión pública. En este orden de ideas, los actores más importantes para determinar posibles irregularidades en el programa son los ciudadanos porque pueden reportar y hacer denuncias ante los entes de control como la Contraloría General de la Nación. Esta última que, a partir de diferentes estrategias de articulación con la ciudadanía, incluyendo conversar directamente con los niños beneficiarios, ha venido estructurado nuevos canales de comunicación para acompañar las comunidades en ese ejercicio de seguimiento y denuncia. Hoy me declaro defensora del PAE por lo que significa en la vida de nuestra niñez, y hago un llamado a todos los colombianos para defender y cuidar este programa, así como exigir el cumplimiento de las corresponsabilidades institucionales en la materia.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en

Derecho Empresarial y Contractual.