“Y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin al cabo la muerte va tan segura de ganar”, Canserbero
A día de hoy, a Antonio Nariño, le dirían: “Mamerto, izquierdoso, guerrillero”, en fin, toda clase de denuestos por ser un librepensador, un socialdemócrata que soñaba con la emancipación de la “Nueva Granada”. Estudió filosofía y jurisprudencia en el Colegio de San Bartolomé. Leía en forma desaforada y analítica, nutriéndose de los vientos de libertad que corrían por el mundo. Formó una gran biblioteca, introduciendo por Cartagena, en forma clandestina, los libros que se producían en Europa y que eran prohibidos en estas tierras. En ese recinto sagrado conformó una tertulia de masones, llamada el “arcano sublime de la filantropía”, donde se estudiaban los sucesos que ocurrían en el extranjero: la independencia de las trece colonias en Norteamérica y la revolución francesa, de 1789. Nariño era entonces la persona idónea para traducir e imprimir el grandioso documento que fue votado en la Asamblea Constituyente, de 1789, la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Observemos el artículo 4: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden ser determinados por la Ley”. Bueno, en su sitio de trabajo, llamado “imprenta patriótica” imprimió a mediados de diciembre de 1793 cien ejemplares de esta obra cumbre constitucional, que leen unos muy pocos personajes, es decir, tuvo una poca difusión. El 29 agosto 1984 se le abrió un proceso penal por un delito grave: “publicación de un papel sedicioso”, este fue el pretexto para ser condenado a diez años de prisión por parte de las autoridades españolas.
Se recuerda que la impresión de este documento fue a mediados de un diciembre; cambiando de tercio, en 1950 (hace 75 años), la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos, es decir, una especie de conmemoración para revivir esos ideales iluministas de derechos civiles, políticos y sociales, comunes a todos los seres humanos, sin ninguna discriminación, siendo un documento político, esencialmente dirigido a los oprimidos y humillados del mundo.
En la actualidad, los demócratas no podemos dejar de pensar que Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos. Estos no solamente se dedican a la defensa de las personas desprotegidas en medio del conflicto, sino que también defienden el medio ambiente, como, por ejemplo, la defensa del agua, frente a las minerías extractivas de oro, gas, petróleo, entre otros elementos. Aproximadamente cada dos días es asesinado en nuestro país un defensor de derechos humanos, con el agravante de que la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad.
Setenta y cinco años después de la aprobación de la declaración de los derechos humanos, palidecen esas prerrogativas humanas en Colombia, para el día 11 de diciembre del presente año, el alto Tribunal Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales debido a la recurrente violación a los derechos de los líderes y lideresas sociales en el país, señalando: “Falta de concordancia entre la persistente, grave, generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de los derechos humanos”.
Para terminar, se recuerda con nostalgia a mi profesor, Luis Fernando Vélez Vélez, quien fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, siendo asesinado el 17 diciembre 1987 (En estos tiempos -27 febrero 1998- fue también vilmente asesinado Jesús María Valle Jaramillo, fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos Antioquia -1979- por denunciar los nexos entre autodefensas y militares en el país. Antes, había sido asesinado, el 25 agosto de 1987, el doctor Héctor Abad Gómez, también defensor de derechos humanos en Antioquia, siendo catedrático de salud pública, en la Universidad de Antioquia). Vélez Vélez, en su discurso, al asumir la Presidencia del Comité Permanente para la defensa de los derechos humanos en Antioquia, seis días antes de su asesinato, el 11 de diciembre 1987, manifestó: “Conocemos por la evidencia histórica que hay sectores ciudadanos más propensos que otros a sufrir el atropello en sus derechos. Con relación a ellos debemos velar con más cuidado y mayor fervor porque no se conculquen sus derechos. Aliados como estamos con la causa de todos los hombres, no creemos pecar cuando declaramos nuestra predilección por aquellos aliados más indefensos, por los humildes, por los perseguidos, por los discriminados, por los niños, por los ancianos, por las mujeres, por los enfermos, por los indígenas, por los cautivos. Los derechos humanos, concebidos como patrimonio de todos los hombres, deben defenderse frente a cualquier persona u organización que los violente y cualquiera que sea el móvil que esgrima para hacerlo. También en este caso sabemos por evidencia histórica que hay organizaciones, agrupaciones e individuos más propensos a violar, más asiduos en violar los derechos humanos. Sin atropellar a su turno los derechos de esas personas o de las personas que conforman esas organizaciones, consideramos como deber ineludible, ejercitar con toda ponderación, ecuanimidad y rectitud, la más serena y severa vigilancia sobre todos sus actos que puedan significar quebrantamiento del derecho ajeno (...)”
Finalmente señaló: “Pero no basta con reconocer a ese único enemigo, aquel con quien no podemos dialogar; quienes acepten nuestro fervoroso llamamiento deben estar dispuestos a aceptar que ese único enemigo también tiene derechos que no pueden ser atropellados porque emergen de su dignidad como persona humana, así la ferocidad de sus comportamientos pareciera denotar su afán enceguecido por renunciar a esa elevada dignidad.”
Paz en la tumba de todos los caídos, por la defensa de los derechos humanos.
Orlando Díaz Atehortúa
Columnista
En memoria del doctor Luis Fernando Vélez Vélez
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16.12.2023
“Y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin al cabo la muerte va tan segura de ganar”, Canserbero
A día de hoy, a Antonio Nariño, le dirían: “Mamerto, izquierdoso, guerrillero”, en fin, toda clase de denuestos por ser un librepensador, un socialdemócrata que soñaba con la emancipación de la “Nueva Granada”. Estudió filosofía y jurisprudencia en el Colegio de San Bartolomé. Leía en forma desaforada y analítica, nutriéndose de los vientos de libertad que corrían por el mundo. Formó una gran biblioteca, introduciendo por Cartagena, en forma clandestina, los libros que se producían en Europa y que eran prohibidos en estas tierras. En ese recinto sagrado conformó una tertulia de masones, llamada el “arcano sublime de la filantropía”, donde se estudiaban los sucesos que ocurrían en el extranjero: la independencia de las trece colonias en Norteamérica y la revolución francesa, de 1789. Nariño era entonces la persona idónea para traducir e imprimir el grandioso documento que fue votado en la Asamblea Constituyente, de 1789, la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Observemos el artículo 4: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden ser determinados por la Ley”. Bueno, en su sitio de trabajo, llamado “imprenta patriótica” imprimió........
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