Tiene la Administración y en especial el Concejo Distrital la enorme oportunidad de transformar las condiciones de vida de las comunidades rurales e insulares de la ciudad, incluyendo, en el Plan de Desarrollo que deberá estar adoptado en un mes, los instrumentos y recursos suficientes para propiciar realmente las oportunidades para que vivir en cualquiera de nuestras veredas o corregimientos no solo sea deseable, sino esperable, así sea como alternativa a las condiciones cada vez más complejas de nuestra ciudad.

Una de las tendencias que viene cobrando fuerza en la vida de las ciudades, en los últimos 30 años, es el aumento progresivo de personas que optan por trasladarse a vivir a las zonas rurales, empezando por aquellas más cercanas a la oferta de servicios dentro de las ciudades. En esta decisión influyen múltiples factores, como por ejemplo la contaminación urbana, los problemas de movilidad, inseguridad, costos de los servicios públicos, en especial encontrar en el campo las condiciones que permitan una vida más integral y cercana a la naturaleza.

Todos esos factores, que podríamos llamar son los expulsores de las ciudades, los tenemos en Cartagena; solo que no tenemos opciones para irnos. Nuestras comunidades rurales no tienen las condiciones para ofrecer, en forma adecuada, permanente o confiable el equipamiento, infraestructura y oferta de servicios que haga viable el retorno al campo.

No hay en la ciudad un solo poblado no urbano que ofrezca, en forma adecuada, las condiciones básicas para una habitabilidad que permita o estimule una migración. Cuando no es la falta de acueducto, es de alcantarillado o la ausencia de gas domiciliario o la más deprimente inestabilidad de la energía eléctrica, la ausencia de una oferta en salud pública o privada, o en otro aspecto, es la pobre o inconsistente conexión a internet o como ocurre en las islas, es la crítica oferta de transporte, que ya bien entrado el siglo XXI sigue dependiendo, en buena medida, de las condiciones climáticas.

Tal vez un indicador de lo desajustado, inequitativo o injusto en las condiciones de vida de nuestras comunidades rurales e insulares, es que todas están rodeadas de terrenos con grandes desarrollos o enormes potencialidades para el turismo o la vivienda para clases medias o altas, siendo las comunidades testigos impotentes de un asentamiento que se hace con todos los lujos y con las garantías para disponer de lo mejor. Una de las funciones de los gobiernos en democracias modernas es inclinar sus capacidades y recursos a propiciar la dignidad y el bienestar de quienes históricamente han tenido menos oportunidades, o han estado más aislados de las decisiones de los gobiernos, o simplemente que en la tercera década del siglo XXI siguen careciendo de las condiciones que hacen digna la vida de la gente.

*Sociólogo.