Para las personas que son ajenas a las Islas del Rosario, los hechos que se vienen dando en cuanto a desalojos y demás circunstancias pueden carecer de importancia. La realidad es que el archipiélago es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestra ciudad y el tema del Gobierno central de expulsar y entregar a extraños las construcciones que existen está convirtiendo al otrora paraíso en la nueva playa blanca.

Tradicionalmente, los arrendadores cuidaban el medioambiente y daban trabajo a los nativos por generaciones. El manejo de los inexistentes servicios públicos se hacía con manos de seda para no perjudicar la flora y la fauna. Sin embargo, las decisiones inconsultas tomadas en Bogotá van en contravía de los intereses de quienes han vivido en las Islas por descendencias y han dado paso a los avivatos que hoy se hacen llamar raizales y gestores sociales. Las lanchas llenas de turistas ocupan las ensenadas, las ensucian, matan los corales y están acabando con la vida marina. Las casas de familia hoy albergan decenas de personas en pasadías generado toneladas de basura y usando el mar por letrina.

En este tema hay varios tipos de afectados. Hay quienes han pagado su arriendo puntualmente y quienes no tienen ningún contrato. Sin embargo, la ANT ha iniciado acción de controversias contractuales contra todos indiscriminadamente, pidiendo que se declaren nulos los convenios por ser lesivos para el Estado. La verdad es que lo lesivo era que los dineros recogidos por los arriendos nunca fueran revertidos en beneficios para las Islas, sus pobladores, su medio ambiente y el manejo de las playas. En Bogotá se quedaban con el recaudo y se convertía en ingresos para pagar sueldos estatales. Insistiendo en su intención, han venido lanzando a ocupantes y lo hicieron reviviendo un proceso administrativo sancionatorio que despolvaron de los cajones.

La ANT, haciendo uso de sus competencias y en calidad de “supervisor de los contratos”, obliga a devolver las tierras con las mejoras en “perfecto estado” y sin “deterioro” para que ellos puedan abrir licitaciones y entregarles su operación a quienes consideren. Lo irónico es que amenazan penalmente a quien destruya o haga desaparecer el bien ajeno. La pregunta es... si ellos solo son dueños de la tierra, ¿cuál sería el bien ajeno? Las mejoras construidas por los arrendatarios con su bolsillo y las casas de los nativos serán entregadas a operadores nacionales o al mejor postor pasando por encima de quienes tienen tradición y han cuidado el archipiélago. Su intención no radica en cuidar los tesoros, los corales y el parque natural. Su intención es abrir licitación pública y ofrecer las construcciones a eventuales arrendatarios que le presenten ingresos al Estado sin estudios previos y sin pliegos claros, como lo han venido haciendo.

Aplaudo la Intención de Dumek Turbay de ponerle freno a lo que puede ser el la muerte para este destino turístico que solo nos duele a los cartageneros.