El gobernador Vicente Blel Scaff sancionó, el 14 de diciembre pasado, la Ordenanza 364 que aprobó la Asamblea de Bolívar para cobrar una tasa de seguridad y convivencia ciudadana a los hogares de los estratos tres al seis del departamento. La mayoría de ellos viven en Cartagena.

Son entre $6.589 mensuales, para el estrato tres, y $43.770, para el seis, que recargarán la ya costosa factura de energía. Esos valores se calculan según la Unidad de Valor Tributario (UVT) establecida por la Dian cada año. Para 2024 quedó en $47.065. La Asamblea estableció que la tasa costará entre 0,14 y 0,93 de la UVT.

También pagarán esa tasa los establecimientos comerciales, industriales y autogeneradores de energía, según su consumo de energía. Esos cobros oscilarán entre $27.768 y $1’788.470 por mes.

Al rechazo generalizado, porque la tasa aumentará el pago mensual de energía, se suman los cuestionamientos por la forma tan rápida y de espaldas a la ciudadanía –como pasó también en Barranquilla con una reciente reforma a su estatuto tributario– con la que fue aprobada: el gobernador Blel la presentó el 1 de diciembre y el 8 ya tenía la luz verde de los 14 diputados.

El 4 de diciembre, la comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en primer debate la iniciativa con seis de siete votos posibles: el diputado de La U Jorge Rodríguez, la conservadora Ana Elvira Castro, los liberales José García Turbay y Éver Rico, y los de Cambio Radical, Libardo Simancas y Viviana Villalobos. El conservador Miguel Cuéter no estuvo presente. Y el 8 de diciembre, en sesión plenaria, los 14 diputados le dieron vía libre a la tasa, de manera unánime.

Para Funcicar el trámite de la ordenanza incumplió el Artículo 128 del reglamento interno de la Asamblea. Esa norma establece que las ponencias de primer y segundo debate deben publicarse en el sitio web de la corporación, al menos, un día antes del respectivo debate.

En el caso de la tasa, la ponencia para segundo debate no estuvo publicada ni el día previo ni el mismo día de la aprobación, es decir, el 8 de diciembre: solo estuvo disponible en la web desde el 11 de diciembre. La Gobernación de Bolívar prevé recaudar $42.000 millones anuales, para fortalecer la seguridad en Bolívar, cuyas alarmas están encendidas desde hace tiempo por el reciclaje paramilitar en zonas como el Sur y Montes de María. De hecho, en territorios de la Alta Montaña, según investigaciones del Programa de Ciencia Política de la Universidad Tecnológica de Bolívar, los ilegales patrullan armados y uniformados.

No deja de ser una paradoja que la estructura política del creador de la tasa de seguridad, el saliente gobernador Blel, sea liderada por un exsenador, su padre Vicente Blel Saad, condenado por aliarse con los paramilitares hace dos décadas. Tampoco deja de ser paradójico que el gobernador que comenzará a administrar esos recursos sea Yamil Arana, quien le debe su victoria a Blel Saad.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.