En los últimos meses se ha agudizado la tensión entre el ejecutivo y el legislativo, debido a que mientras el presidente considera que fue elegido con un mandato claro y suficiente para realizar una serie de reformas (laboral, pensional, etc.), los congresistas le recuerdan que el Congreso no está obligado a aprobar los proyectos tal y como los presenta el gobierno.

En Colombia, el parlamento ha sido una institución desdibujada como consecuencia del hiperpresidencialismo reinante, que les ha permitido a los gobiernos de turno conformar y subordinar a las mayorías estables o coyunturales en el Congreso apoyados en tres partituras: la afinidad ideológica (las mayorías siempre han sido de derecha y centroderecha), la burocracia partidista y la mermelada individual (Ej. La yidispolítica). Pero hoy tenemos un gobierno de izquierda que inicialmente se corrió a la centroizquierda, lo que le permitió conformar mayorías estables, pero al radicalizarse y acabar la coalición quedó en el peor de los mundos: con un Congreso ideológicamente antagónico y con minorías parlamentarias, lo que explica que en los últimos meses haya apelado a una supuesta legitimidad popular (constituyente, movilizaciones, asambleas populares, etc.) que el presidente, cree, representa.

La tensión actual entre gobierno-Congreso puede ser analizada de tres maneras. Como lo han hecho los periodistas, empresarios y políticos, a quienes les preocupa la conveniencia y las consecuencias de las reformas; como lo hacen los juristas, quienes se interesan por la juridicidad de las reformas; y como pretendo hacerlo en este escrito: preguntándome por la legitimidad democrática de los actores.

Comienzo señalando que la discusión sobre la legitimidad democrática, esto es, sobre quién representa verdaderamente al pueblo o la nación, en la Europa posrevolucionaria se zanjó en favor del parlamento y en la América de la posindependencia se entendió compartida (ejecutivo-legislativo), sin embargo, luego de los juicios de Nuremberg, el reconocimiento universal de los derechos humanos y la incorporación de derechos fundamentales en sofisticados documentos constitucionales (Ej. Constitución de 1991), el consenso generalizado es que en un Estado democrático no existen poderes soberanos, pues -dice Ferrajoli- todos están sometidos a la Constitución.

De modo que el presidente se equivoca cuando presume que su elección simboliza de facto la aprobación de sus reformas, por tres razones. Primero, porque supone erróneamente que el poder popular es homogéneo, estable e intemporal y que le fue depositado de una vez y para siempre cuando lo eligieron; segundo, porque todas las teorías democráticas sostienen que el Congreso tiene tanta o, incluso, más legitimidad popular que un presidente; finalmente, porque los derechos en un Estado democrático -dice Dworkin- representan el triunfo de las minorías sobre las mayorías; mayorías que en el pasado justificaron gobiernos populistas y autoritarios (nacionalsocialismo, fascismo, chavismo, etc. ) del cual después fueron víctimas.

*Profesor universitario.