2008 fue quizás el año de máxima tensión institucional de los últimos tiempos. Dicha “tensión” se originó por el enfrentamiento que se produjo entre el Ejecutivo y la Rama Judicial luego que la Sala Penal de la CSJ iniciara investigaciones contra congresistas cercanos al presidente Uribe (“parapolítica” y “yidis-política”), lo que a su vez produjo una reacción desproporcionada por parte de un gobierno que a toda costa buscó desacreditar a la CSJ y a sus magistrados, quienes fueron víctimas, entre otras cosas, de seguimientos ilegales. Sin embargo, esa cruzada la perdió Uribe y la ganó la Rama Judicial, gracias a un puñado de magistrados que tuvieron la templanza, la fortaleza y la prudencia para no dejarse amedrantar/avasallar y a una Corte Constitucional que rectificó el desastre institucional de la reelección presidencial.

Hoy -como en una especie de mundo bizarro-, quienes aplaudieron (ciudadanos, periodistas y sectores sociales y políticos) por aquella época la entereza de la judicatura frente al gobierno Uribe y celebraron el encargo como fiscal general al vicefiscal Mendoza (16 meses), arremeten contra la Rama Judicial, señalándola de promover un golpe blando (lawfare) porque, por ejemplo, declara inconstitucional parte de la reforma tributaria, anula la elección de congresistas petristas o no elige el remplazo del fiscal Barbosa, olvidándose los críticos, que fue esta misma CSJ la que -recientemente- ordenó la detención del expresidente Uribe. Y esta semana se pasó –“histriónicamente”- de la teoría del golpe blando a la tesis seudoconceptual de una “ruptura institucional” promovida – suponemos- por los órganos de control (Fiscalía y Procuraduría) y, en consecuencia, a la necesidad de volver a las calles para presionar a la CSJ en la elección de una fiscal general cercana al Gobierno, hecho que, ante que fortalecer la institucionalidad democrática, la debilita.

Sin duda, el presidente y sus seguidores tienen razones suficientes para suponer que hay sectores políticos o, incluso, institucionales que lo quieren debilitar/defenestrar, pero la historia ha mostrado que una cosa es que quieran “tumbar” a un presidente y otra que realmente puedan hacerlo. Cualquiera que medio entienda nuestro diseño constitucional estará de acuerdo en que el hiperpresidencialismo colombiano concede tantos fueros y tanto poder burocrático y presupuestal al gobierno que, en la práctica, lo hace intocable. Pasó con Samper, pasó con Uribe y pasará con el presidente Petro.

Post scriptum. Convocar marchas para presionar a la CSJ o hablar de una ruptura institucional es apresurado y desproporcionado. Demagogos y populistas reducen la democracia a elecciones, marchas y protestas populares, pero la democracia es más que eso, es sobre todo equilibrio de poderes y sistemas de frenos y contrapesos. A la CSJ hay que resguardarla y a sus magistrados garantizarles la tranquilidad para que tomen las decisiones de manera serena y pausada.

*Profesor universitario.