Luego de la fallida reforma a la salud, el timón de este barco ha quedado en manos del Gobierno y en medio de una ‘tormenta perfecta’ (inducida o no) que puede conducirnos, como todos desearíamos, al soñado puerto de la medicina predictiva, preventiva, ancestral y curativa o, como muchos lo prevén, a un naufragio devastador que acabará con las (muchas o pocas) conquistas que el sistema de salud ha tenido en los últimos 30 años y, lamentablemente, con la vida de muchos pacientes. Solo Cronos y Kairós lo saben. Sin embargo, luego de un año largo de acusaciones, opiniones y debates sobre la salud, creo que algunas cosas quedan claras.

Lo primero es que –como lo señalan las encuestas, los expertos y los académicos–, nuestro sistema de salud no es ni el mejor ni el peor del mundo si se le compara con los países promedio; a pesar de ello, todos estamos de acuerdo en que requiere cambios. La discusión es sobre la magnitud de éstos: unos dicen que son simples ajustes, otros que debe construirse sobre lo construido y otros que hay que rehacerlo todo. ¿Qué reformas o cuáles ajustes y en qué proporción? He allí el problema.

Lo segundo es que tengo la impresión de que en el fondo la ‘principal preocupación’ del Gobierno, de las EPS y del Congreso nunca fue mejorar el sistema de salud (aclaro, puede que les interese, pero no fue la principal preocupación), sino quién controlaba sus recursos, que para el 2024 son algo así como $91,3 billones. El Gobierno quiere reelegirse –lo cual es legítimo– y necesita fidelizar votos (asistencialismo, burocracia, etc.), la oposición quiere lo contrario y las EPS quieren mantener sus privilegios. ¿Por qué lo pienso? Porque sí realmente el Gobierno hubiese tenido como principal propósito mejorar la salud o prevenir el desvío de recursos o racionalizarlo, hubiese implementado –desde el inicio– todas las medidas administrativas que ahora está promoviendo y que le hubiesen permitido mostrar indicadores positivos de cambio y de gestión, y además le hubiese evitado este desgaste político innecesario que lo muestra como un gobierno ideologizado, revanchista y autoritario.

Finalmente, que el principal problema del sistema de salud en Colombia –y el mundo– es financiero –Unidad de Pago por Capitación (UPC)–, porque se trata siempre de administrar bienes y dineros finitos, para predecir, prevenir y curar enfermedades crecientes e infinitas, pues –aun con un índice bajo de corrupción–, siempre los recursos serán insuficientes, especialmente, cuando tenemos una Constitución progresista y una Corte Constitucional que constantemente avanza en la garantía efectiva de los derechos sociales, y cuando el desarrollo científico y tecnológico no sólo prolonga la vida (la vejez), sino que también mejora los procedimientos, medicamentos y tratamientos en materia de salud, haciéndolos más costosos.