Las imágenes que nos llegan de Ecuador (encapuchados armados en la televisión y las universidades, amotinamiento en las cárceles, etc.) muestran un progresivo deterioro del orden público en ese país, que condujo esta semana a la declaratoria del estado de excepción. Esta situación del vecino país (un espejo en el que debemos mirarnos) es el resultado de la complicidad institucional, la indolencia de la sociedad civil y la extrema benevolencia gubernamental.

Complicidad institucional porque –señala Luis Córdova (Universidad de Ecuador)– lo que existe actualmente es una colusión de actores criminales, agentes estatales y actores de la economía privada, que ha permitido que la criminalidad penetre las más altas esferas del Estado ecuatoriano y tenga un poder tan amplio, que las acciones delictivas se coordinen desde las cárceles. Algo parecido a lo que sucede en Colombia, en donde el secuestro, los asesinatos y la extorsión están disparados y todo se sigue liderando desde las cárceles; por ejemplo, la banda criminal ‘La Inmaculada’ (que asesinó a un concejal en Tuluá) cogobernaba el municipio y su líder sigue dirigiéndola desde La Picota.

Indiferencia de la sociedad civil ecuatoriana que viene cohabitando con los grupos criminales desde hace un tiempo, los cuales se han transformado en cerca de 32 bandas que controlan y patrullan los barrios y ejercen control territorial paraestatal; algo también parecido a lo que sucede en Colombia, en donde los ciudadanos observamos indolentemente cómo desde el Gobierno Duque y en el actual se han multiplicado los grupos y las bandas criminales, mientras nos culpamos unos a otros o nos acusamos de amigos o enemigos de la paz, no previendo que vamos rumbo a un abismo. Actualmente existen, mal contadas, 196 bandas criminales en 7 ciudades. Y en la Colombia profunda, los grupos armados ilegales ejercen control territorial y actúan como paraestado (administran justicia-castigo, establecen impuestos-extorsiones, empadronan, otorgan permisos, etc.) sobre las poblaciones.

Extrema benevolencia gubernamental que comenzó con el gobierno de Correa –dice la actual ministra de Justicia ecuatoriana– y continuó en los gobiernos de Moreno y Lasso. Correa fue el primero en pactar con los grupos criminales e incluso legalizó y otorgó personería jurídica a los ‘Latin Kings’, a quienes presentó como un grupo de jóvenes nobles que le recordaban a los Boy Scouts; lamentablemente, ese grupo siembra el terror hoy en su país. No sé qué piense el amable lector, pero a mí esto me recuerda a las narrativas actuales gubernamentales que justifican premiar al criminal para que no mate, mostrándolo como víctima de una sociedad desigual e injusta, a la par que se soslaya a los jóvenes responsables, éticos y decentes, que también son hijos de la misma sociedad desigual e injusta.

*Profesor Universitario.