En esta semana se produjo la elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual, haciendo gala de su grandeza, su unidad y su legitimidad institucional, escogió a Luz Adriana Camargo Garzón, una mujer con una hoja de vida intachable y robusta y con una incuestionable experticia en todo lo relacionado con el derecho penal y el funcionamiento de la rama judicial, lo cual constituye prima facie una prenda de garantía de transparencia y eficiencia y –parafraseando al presidente de la CSJ, Gerson Chaverra– de independencia y autonomía.

Atrás quedan las injerencias inaceptables –internas y externas– y las presiones indebidas a la CSJ, la gestión de un fiscal que –con o sin intención– politizó erradamente sus funciones y la deplorable “shitstorm” promovida injustamente por las bodegas cercanas al Gobierno contra la honorabilidad de los magistrados y la propia CSJ.

Según el presidente de la CSJ, las razones que persuadieron a los magistrados e inclinaron la balanza en favor de la nueva fiscal fueron: primero, la claridad y precisión de sus propuestas; segundo, su manifestación de independiente y autónoma; y tercero, su imaginario personal al frente de la Fiscalía, según el cual sería “una fiscal solo comprometida con la administración de justicia”, que es al final lo que los ciudadanos esperamos y que, dicho sea de paso, lo conseguirá solo si pone en práctica el “deber de ingratitud” que debe tener cualquier funcionario judicial con quien lo postuló y lo apoyó, pues, a partir de ahora, su lealtad no puede ser ni con el presidente ni con la opinión pública, ni con los partidos políticos ni con la CSJ, sino con la Constitución, la ley y las reglas del juego democrático.

Ahora bien, no todo será color de rosa, especialmente si se tiene en cuenta el contexto de polarización in crescendo de nuestro país, que convirtió esta elección de fiscal en una especie de pulso político entre el petrismo y el uribismo, lo que hace prever que en un inmediato futuro, esta luna de miel entre Fiscalía, Pacto Histórico y opinión pública durará poco, pero será el precio que la nueva fiscal tendrá que pagar si quiere ser una funcionaria “comprometida con la administración de justicia”.

Finalmente, hay que resaltar que de este proceso sale fortalecida la institucionalidad judicial, en cabeza de la CSJ, que mostró que no se deja presionar ni asediar ni someter; la separación de poderes y la independencia judicial; y el ente acusador que ya tiene fiscal en propiedad, lo que permitirá, por una parte, reinstitucionalizar y recomponer las relaciones entre Fiscalía y Presidencia y, por otra, despolitizar y transformar a esta entidad en una institución técnica y científica en material penal y criminal.

*Profesor universitario.