El 7 de diciembre, el presidente derogó el decreto 1844/2018, el cual facultaba a la Policía para imponer sanciones a quien portara en el espacio público estupefacientes o sustancias sicotrópicas. La lectura de la oposición es que el Gobierno favorece a los criminales, desprotege a los niños en los parques y estimula el consumo de drogas. La lectura del Gobierno es que la oposición desinforma, pues lo que se pretende es que la Policía persiga a los grandes capos y no a los consumidores y, además, tratar el consumo como una cuestión de salud pública. Mi lectura es diferente y mucho más moderada. Para ello propondré tres argumentos: uno legal, uno fáctico y uno político.

Desde el punto de vista legal, debo decir que en Colombia el porte y consumo mínimo de drogas está despenalizado, pues se considera que la decisión de consumirlas hace parte del fuero de cada persona, que debe hacerse cargo de su salud (Sentencias C-221/94, C-491/12, C-253/19), sin embargo, este derecho no es absoluto, tiene límites (Sentencias C-252/03, C-574/11, C-284/16, C-636 del 2016). De lo dicho podemos colegir que el anterior decreto restringía legal (según el Consejo de Estado) y legítimamente la libertad de acción del consumidor (no su autonomía) y que el nuevo decreto es mucho más libertario e igualmente legal y legítimo.

Desde la perspectiva fáctica, llama la atención que ambos decretos se expidieron/derogaron sin ningún estudio confiable o evidencia empírica que evalúe su eficacia/ineficacia, en relación con sus propósitos; por ejemplo, no sabemos cuántas estructuras de microtráfico se desarticularon, judicializaron o cuánto espacio público se liberó de los jíbaros al amparo de la norma derogada; por tanto, podemos presuponer que detrás de cada decreto lo que hay son argumentos ideológicos sobre el consumo: unos conservadores, otros más libertarios.

Finalmente, desde la perspectiva política, hay que señalar que este fue un acto de gobierno inoportuno y, sobre todo, desatinado en la forma de comunicarse. En política las formas son portadoras de un poder simbólico enorme y banalizar un tema tan sensible para la opinión pública como el consumo de sustancias sicoactivas tendrá un costo político enorme. El inmediato fue el hundimiento del proyecto de legalización del cannabis. Amanecerá y veremos.

Post scriptum. No podría este Gobierno ser más incoherente en el tratamiento de la salud pública. Frente al consumo de estupefacientes y sustancias sicoactivas es un hiperlibertario que justifica sus decisiones en la regla jurisprudencial que estable que el único responsable de su salud es el individuo (Sentencia T-493 de 1993); pero a los alimentos y preparaciones ultraprocesadas, azucaradas y embutidos les clava un “impuesto saludable” para desestimular su consumo, soslayando la misma regla y asumiendo una postura hiperpaternalista.

*Profesor universitario.