Prosigue el melodrama –o la tragicomedia– sobre la elección del sucesor(a) del fiscal Barbosa, al que en esta semana se le agregó un nuevo acto, nuevos actores y argumentos.
Un nuevo acto –posterior a las movilizaciones– cuyos protagonistas son: el presidente, que intentó minimizar los hechos contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante las protestas convocadas por Fecode y el Ejecutivo; y las altas cortes, que piden no banalizar la gravedad de los hechos, porque –dice el magistrado Chaverra– la institución fue sitiada y las puertas bloqueadas impidiendo el libre acceso y movilización.
Nuevos actores como la ONU, la OEA y la CIDH, que instan al Gobierno para que evite interferir y/o presionar la elección de la nueva fiscal y exhortan a la Corte para que acelere el proceso de su selección. Y nuevos argumentos, que tienen que ver con el debate sobre sí la ciudadanía debe/puede convocar marchas y/o presionar a la CSJ, para que “elija fiscal ya”. A continuación, mi opinión.
Sobre la tensión presidente - CSJ debo señalar, primero, que la elección de fiscal es lo que llaman un “acto administrativo complejo” que comprende el acto de postulación (facultad exclusiva del presidente), que se concreta al proponer la terna, y el acto de elección (facultad exclusiva de la CSJ), para el que la Constitución no fijó un término; y segundo, que las competencias constitucionales del presidente sobre el proceso se limitan a la postulación, sin que la Constitución le asigne –como tampoco al Congreso o a las otras altas cortes– un derecho o facultad de vigilar o controlar el proceso, o exigir la elección inmediata de fiscal, si lo hace, viola el principio de separación de poderes.
Sobre los comunicados de la OEA, CIDH y ONU debo expresar, primero, que es inédito –no hay antecedente– que la elección de un fiscal (problemática nacional) se convierta en un tema/problema internacional relevante para alguno de estos organismos multilaterales; y segundo, que esos comunicados ni son vinculantes ni aportan una solución práctica al problema, todo lo contrario, “echan gasolina al fuego”, y dan la impresión de una extralimitación y/o una intromisión indebida.
Y, sobre las movilizaciones, debo decir que estas son legítimas si surgen espontáneamente de la ciudadanía o la sociedad civil, quienes tienen el derecho a protestar, presionar y expresarse libremente para que se elija o no fiscal, lo que es ilegal e ilegítimo es bloquear, violentar o asediar a las instituciones o a sus magistrados.
Post scriptum. Lo mejor para superar esta tensión institucional sería, sin duda, que la CSJ eligiera prontamente una fiscal; pero como señalé, para ello no hay un plazo perentorio y se produce cuando una de las ternadas obtiene los votos suficientes, lo que exige una mayoría cualificada (16 votos) ¿qué hacemos?
*Profesor Universitario.
Protestas y presiones
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17.02.2024
Prosigue el melodrama –o la tragicomedia– sobre la elección del sucesor(a) del fiscal Barbosa, al que en esta semana se le agregó un nuevo acto, nuevos actores y argumentos.
Un nuevo acto –posterior a las movilizaciones– cuyos protagonistas son: el presidente, que intentó minimizar los hechos contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante las protestas convocadas por Fecode y el Ejecutivo; y las altas cortes, que piden no banalizar la gravedad de los hechos, porque –dice el magistrado Chaverra– la institución fue sitiada y las puertas bloqueadas impidiendo el libre acceso y movilización.
Nuevos actores como la ONU, la OEA y la CIDH, que instan al Gobierno para que evite interferir y/o presionar la........
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