La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme? Para mayor inri, la Audiencia Nacional evaluó en 2.000 euros la indemnización por la actuación desviada del poder judicial durante más de diez años…

En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

QOSHE - El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe - Javier Pérez Royo
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El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe

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12.11.2023

La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su........

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