Y se pronunció la palabra “lawfare”. Es posible que fuera de Cataluña o del País Vasco pocos conocieran hasta hoy esta palabra, pronunciada hasta la saciedad por los sectores independentistas –también por la izquierda española– durante los últimos años. La expresión, que es un juego de palabras con el término warfare, hace referencia a la lucha política que instrumentaliza a los tribunales. De ese modo, demandas y querellas que están basadas en la nada, intentan dejar fuera de juego –hasta en la cárcel– a un rival político incómodo cuando se encuentra un juez amigo dispuesto a secundar la estrategia de un sector ideológico. Ni siquiera es algo nuevo. De hecho, el origen de la mismísima inmunidad parlamentaria en el siglo XVII inglés proviene de la actitud poco edificante que exhibían unos jueces que, instrumentalizados por el rey, apresaban a los diputados del parlamento para evitar que votaran leyes que no le convenían al monarca. Después de aquello hubo muchos más casos allí y en otros lugares. De hecho, el primer caso de lawfare que soy capaz de recordar es el proceso que condenó a muerte a Sócrates, para espanto de sus discípulos, que indignados por aquel asesinato plenamente legal en la forma, difundieron sus ideas con tal empeño que han llegado, por diferentes avatares históricos, hasta nuestros días. Decidir matar a un maestro es una pésima idea que nunca borrará sus enseñanzas.

El acuerdo de investidura de JxCat y el PSOE alude a este término de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario, lo que hace totalmente lógico que las asociaciones judiciales hayan salido en tromba a defender al colectivo. Hubiera convenido más bien callar y dejar que las investigaciones, también judiciales por cierto, hicieran su labor. El tiempo pone a cada uno en su sitio, tarde o temprano. Y creo que sólo un ciego de mente no se da cuenta de que no sale gratis que un ministro del Interior diga “esto la fiscalía te lo afina”, ni tampoco que “así controlaremos la Sala Segunda desde atrás”. Si saliera gratis, Jorge Fernández Díaz no estaría en espera de juicio. Además, el Consejo General del Poder Judicial se habría renovado hace tiempo.