Hace unos días La Vanguardia publicaba un interesante artículo sobre los avances médicos en el tratamiento de graves enfermedades y su alto precio que los hace inaccesibles a quienes no puedan pagarlos. Se está logrando acotar la obesidad –germen de muchas dolencias– con fármacos y también se constatan numerosos progresos en el abordaje nada menos que del Alzheimer y el cáncer. Pero los precios prohibitivos de las terapias innovadoras amenazan el acceso equitativo a la sanidad. Un problema nacido de varias causas. Las principales: que la industria farmacéutica es, sin duda, un negocio y que el enfoque neoliberal radicalizado anda por parecidos parámetros y no es una prioridad la salud de los ciudadanos. Cualquiera se preguntaría: si la política no está para estas cosas, ¿para qué está? Pero, lejos de hacerlo, la práctica demuestra que ni los propios votantes son los primeros interesados en disponer de unos servicios públicos de máximos al elegir a quienes los desmantelan. Evidencia incontestable de cómo de averiada tiene la brújula de su vida gran parte de la sociedad a la hora de establecer sus prioridades. Todos adolecemos a veces de errar en la prelación de lo que es verdaderamente esencial y lo que es secundario y hasta irrelevante, pero no tal vez a este punto que puede acarrear graves consecuencias.

Los datos son claros y existen como información. El 1% más acaudalado de España concentra el 22% de la riqueza del país y la mitad más pobre apenas tiene el 7% del dinero y patrimonio total. Las rentas de capital aumentaron sus cuentas en 2022 a costa de las rentas del trabajo, según Oxfam Intermón. Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, solo o con Vox, se dedican con especial interés a ese objetivo. ¿Cómo es posible que los desfavorecidos por esas prácticas las elijan voluntariamente como opción en las urnas? ¿Porque ha sido así toda la vida? ¿Porque aspiran a que les toque la lotería o a dar un pelotazo?